Las leyes y las intenciones aún no dan poder real a mujeres con capacidades y deseos de liderar funciones públicas relevantes
Yanancy Noguera C.
El principio de paridad de género quedó establecido en el 2009 en el Código Electoral. Antes de esa fecha, nos guiábamos por la Constitución Política, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer de 1990 —que fortalece la equidad política de hombres y mujeres— y el Código Electoral anterior, que en 1996 introdujo la cuota del 40 % para las mujeres en asambleas partidarias.
Actualmente, hay cuatro proyectos de ley para garantizar y defender la participación igualitaria. El más mencionado últimamente es el expediente 20308, denominado Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Este plan define dicha acción como un delito sancionable y tiene dictamen afirmativo unánime de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. Fue convocado en el actual período de sesiones extraordinarias, pero está siendo objeto de presiones de algunos grupos cercanos a estructuras políticas.
De los 25 partidos en contienda, 4 son liderados por mujeres. De esas 25 agrupaciones, hay 4 postulaciones presidenciales de mujeres. Aun así, lo celebramos: “Elecciones nacionales tendrán cifra récord de cuatro mujeres aspirando a la presidencia”, tituló La República el 14 de setiembre.
Las mayores posiciones de poder en Costa Rica las ocupan hombres. Lo mismo ocurre en las municipalidades. Entre el 2002 y el 2016, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) procesados por el Programa Estado de la Nación, menos del 12 % fueron alcaldesas y, debido a la reelección consecutiva, el porcentaje bajó en el 2020 al 7 %.
En las últimas 35 legislaturas, desde 1986, el Congreso ha tenido apenas cuatro presidentas. De 17 gobiernos elegidos desde la Constitución de 1949, solamente uno ha sido jefeado por una mujer.
La Corte Plena y el Poder Judicial, a lo largo de toda su historia, han sido liderados una vez por una magistrada. El TSE, desde su creación en 1949, ha tenido 11 presidentes y en la actualidad tiene una presidencia temporal por primera vez a cargo de una mujer, Eugenia María Zamora Chavarría.
Las leyes y las intenciones aún no dan poder real a mujeres con capacidades y deseos de liderar funciones públicas relevantes, valga mencionar que la mayoría del padrón electoral está compuesto por mujeres.
La alternancia o las cuotas funcionan en órganos colegiados, como los concejos municipales y las juntas directivas de instituciones públicas, o se cuidan más en puestos en los ministerios o presidencias ejecutivas. Sin embargo, el “cuidado” es insuficiente.
En esta administración fueron nombradas más ministras que ministros, pero en las presidencias ejecutivas la diferencia a favor de ellos es relevante.
La administración Solís comenzó y terminó con una relación de 1 a 3 (mujer respecto a hombres) en el cargo principal de ministerios; la administración Chinchilla Miranda comenzó 1 a 2 y terminó 1 a 3; la segunda administración Arias cerró con una relación de 1 a 3 y en la de Pacheco fue 1 a 4.
A partir de datos del TSE de esta campaña, a finales de noviembre, en las diputaciones propietarias propuestas por los partidos, el 56 % eran hombres y el 44 %, mujeres.
Equidad de género: sí, dicen las leyes y los documentos; sin embargo, en la práctica, la estructura patriarcal de la sociedad sigue dominando.
¿Podrá cambiar? De una lectura de los planes de gobierno de los 25 partidos, 5 mencionan paridad, equidad o igualdad de género; 2 hablan de igualdad plena o igualdad y autonomía; 2 se refieren a igualdad “efectiva” —más allá de la igualdad de ley—; 1 cita adhesión sincera a la igualdad; 1 habla de mujeres empoderadas y con oportunidades; y 1 se refiere a eliminar la violencia de género. En 13 de los 25 planes de gobierno no se menciona del todo el tema.
La violencia contra las mujeres en la política no es solo hablar de manera soez e insultante. La exclusión y la omisión son formas de deteriorar consistentemente los derechos políticos de las mujeres.
Celebremos la participación de la mujer, pero no dejemos de señalar las distintas formas de discriminación para que, al hacerlo, realmente promovamos cambios hacia la equidad. La denuncia sistemática es esencial.
Laura Chinchilla Miranda es la única mujer que ha logrado ocupar el más alto cargo en la función pública. Fue presidenta de la República del 2010 al 2014. (Rafael Murillo)
