En agosto, el secretario ejecutivo de la Cepal, el costarricense José Manuel Salazar Xirinachs, condensó nuestro desafío mayor en dos palabras: dualismo productivo. De un lado, sectores modernos, muy productivos y con buenos salarios; del otro, buena parte del régimen definitivo, que se rezaga.
No lo dice un crítico hostil, sino el organismo que exhibe nuestro clúster de dispositivos médicos como ejemplo regional. Y calza con la metáfora del Estado de la Nación: un jet rápido que transporta a pocos, las zonas francas, y un avión comercial que carga con la mayoría y al que le cuesta despegar.
El diagnóstico descansa en evidencia. Los estudios de Karla Meneses para el Estado de la Nación mostraron que solo una fracción minoritaria de lo que producimos está realmente encadenada, es decir, compra y vende insumos en magnitudes relevantes, y que son escasos los productos con multiplicadores de empleo altos.
Tras décadas de zonas francas, su prosperidad no se derrama por gravedad: el enclave exportador y el tejido nacional de baja productividad conviven, pero se tocan poco.
En Rupturas y oportunidades, la Cepal propone tratar el tipo de cambio real como instrumento de desarrollo, y recuperar la política productiva con intervenciones focalizadas que densifiquen encadenamientos y lleven la producción fuera del enclave y del Valle Central. Así, sugiere insertarnos al mundo reteniendo más valor, con integración regional, la igualdad como brújula y un pacto fiscal que no sacrifique la inversión. En suma, pasar de un estilo de desarrollo que muestra éxitos, pero dual, a uno integrado.
Nuestra política se aparta de esa agenda en tres frentes. El primero es cambiario. El colón se ha apreciado cerca de un 30% desde 2022 y la tasa de política monetaria, con deflación, es en términos reales de las más altas de la región.
Se repite que el tipo de cambio lo fija el mercado; una verdad a medias. Los dólares abundan: zonas francas, turismo, inversión extranjera y deuda externa. Pero el precio se forma en el Monex, un mercado estrecho, de entre 50 y 100 operaciones diarias y poco más del 11% del PIB, cuyo precio el resto del país simplemente adopta. Allí el Banco Central movió, en este año, cerca de tres de cada cuatro dólares, con compras netas superiores a $15.000 millones para cubrir al sector público no bancario y rehacer reservas.
Sin esa demanda, la apreciación habría sido mayor; pero su tamaño revela que no es el precio limpio de la oferta y la demanda privadas, sino una flotación intensamente administrada. La pregunta no es si se administra, sino con qué fin.
Y esa administración reparte desigualdad: contiene la inflación, abarata lo importado y alivia la deuda respecto al PIB, pero ahoga su recaudación fiscal, la agricultura de exportación, el turismo pequeño y mediano y la producción fuera de la Gran Área Metropolitana; es decir, al avión comercial. Además, nos encarece ante Centroamérica justo cuando el arancel estadounidense nos empuja hacia ella.
El segundo frente es productivo: invertimos en I+D menos del 0,5% del PIB, nivel impropio de un país que se precia de su talento, y los programas de proveedores y de escalamiento de pymes no pasan del enunciado. Atraemos inversión extranjera sin pedirle transferencia tecnológica ni vínculos con la economía local.
El tercero es fiscal: ordenar las cuentas era indispensable, pero hacerlo recortando la inversión pública, que llegó a ser una fracción de los intereses, es austeridad procíclica que empobrece el futuro.
Las correcciones casi se deducen. Si el Banco Central ya domina el Monex, que intervenga con propósito: atención a los capitales de corto plazo, regulación macroprudencial y una política monetaria que pondere empleo y competitividad. Una política productiva con nombre y presupuesto, con enfoque territorial y un impulso verde que haga de nuestra marca ambiental una ventaja real. Más integración centroamericana. Y un pacto fiscal que financie todo eso, sin cargar el ajuste a la inversión social, porque la desigualdad no cede sola.
No es un consenso de la profesión, sino la agenda de la escuela estructuralista. La política industrial puede ser capturada; nuestra dolarización limita el manejo cambiario; el FMI, en su consulta del Artículo IV, recomienda lo opuesto: dejar que el tipo de cambio absorba los choques, consejo que, a mi juicio, agravaría el problema; el margen fiscal es angosto y hay quien atribuye nuestro éxito al modelo abierto.
Todo es atendible. Pero también lo es la réplica: ese éxito convive con una desigualdad persistente y una productividad agregada que avanza poco, y ahí los datos del Estado de la Nación respaldan la inquietud de fondo.
No se trata de escoger entre las zonas francas y el resto de la economía, sino de unirlas. La Cepal nos repitió lo que sabíamos, con la autoridad de quien nos cita como modelo. Mal haríamos en quedarnos con el elogio.
El reto no es que el jet vuele menos, sino que el avión comercial por fin despegue, parafraseando la metáfora del Estado de la Nación.
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Miguel Gutiérrez Saxe es economista y analista de política pública costarricense.
