El 31 de agosto de 2023, el entonces presidente, Rodrigo Chaves, emitió un decreto de índole general, pero con propósito específico: excluir a Huawei como proveedora de redes de telefonía 5G. Aunque controversial y manejada con torpeza, fue una medida necesaria, por seguridad y por atender las inquietudes de inversionistas estadounidenses en sectores de alta tecnología.
Las empresas estratégicas chinas –y Huawei lo es– tienen vasos comunicantes con el gobierno de Pekín, y a menudo siguen sus instrucciones. Por esto, sus equipos y sistemas podrían ser utilizados como vías para captar información confidencial. El decreto cortó ese riesgo sobre 5G. Sin embargo, ya para entonces el ICE había desarrollado una relación casi simbiótica con Huawei. Y no deja de crecer.
Tal vinculación está en el trasfondo de la polémica y opaca contratación directa con sus actuales representantes en Costa Rica, destinada a adquirir equipos para la recepción de fibra óptica que el ICE instalaría entre sus clientes.
La vinculación data de 2009, cuando Huawei ganó una licitación para arrendarle un sistema de telefonía móvil basado en 3G. Años después, el ICE decidió multar a la firma por supuestos incumplimientos, pero el pago no fue con dinero, sino con más equipos, que aumentaron la subordinación. Luego siguieron prórrogas y contratos para 4G, algunos cuestionados por la Auditoría. Y existe un “pequeño” detalle: la empresa no garantiza que sus equipos sean compatibles con los de otros posibles proveedores. Es decir, estos quedan virtualmente excluidos; el ICE, atrapado.
Las implicaciones son serias: sobre el rigor y la transparencia de sus procedimientos internos, el descuido para evitar amarrarse a una marca y el impacto de lo anterior en los costos y la calidad de sus servicios. Pero hay otra faceta tan o más relevante, la misma que inspiró el decreto de hace seis años: la seguridad.
Por esa razón, la posible participación de Huawei en las redes 5G levantó justificadas alarmas. ¿Qué pasa, entonces, con su presencia de años en 3G, 4G y, ahora, en las redes de fibra óptica y sus terminales en hogares y empresas en todo el país? Los contratos existentes hay que respetarlos, pero los nuevos deben, al menos, garantizar seguridad y abrirse a la competencia, con reglas claras. Es una tarea del ICE.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.