El debido proceso

En la corriente legislativa hay varias iniciativas de esta naturaleza: eliminar el secreto bancario, crear un registro centralizado de accionistas que brinde acceso a la información de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, darle poderes al Instituto Costarricense sobre Drogas para congelar cuentas y bienes y la ley de extinción del dominio que permitiría a las autoridades decomisar patrimonios si una persona no puede explicar su origen.

Hasta ahora, para acceder a la información privada de las personas o quitarles sus cosas, el Estado debe contar con la venia de un juez que falla con base en las pruebas presentadas por las autoridades. Es lo que se conoce como “debido proceso”. No es poca cosa: se trata de una garantía constitucional –cuyo origen se remonta a la Carta Magna de 1215– que establece que las personas tienen derecho a ser oídas y presentar su defensa ante un juez. Además, el peso de la prueba siempre recae sobre la parte acusadora (art. 39 de la Constitución).

Las instituciones que identificamos con el término “Estado de derecho” se desarrollaron en Occidente precisamente para proteger al individuo ante las arbitrariedades de los gobernantes. Por eso el columnista Fareed Zakaria, en su libro El futuro de la libertad, señala que “El ‘modelo de gobierno Occidental’ se encuentra mejor simbolizado no por un plebiscito popular sino por un juez imparcial”.

No obstante, en ciertos casos nos dicen que los fines justifican los medios: reducir la evasión tributaria, luchar contra el lavado de dinero, combatir el terrorismo. ¿Quién se opondría a erradicar estos flagelos? Esto contamina el debate político, ya que toda objeción es inmediatamente tachada de apología del delito.

Lo irónico es que desconfiamos de todo el mundo menos de quienes ostentarán estos poderes discrecionales. Y si hay algo que la experiencia nos enseña es que hay mucho que temer cuando les damos a los gobernantes un cheque en blanco sobre nuestras vidas.