En una democracia, la posibilidad de interrumpir la programación habitual de los medios de comunicación para imponer un mensaje oficial no puede convertirse en una herramienta al servicio de los intereses políticos del gobierno de turno. Mucho menos puede utilizarse para promover campañas de imagen, atacar a instituciones públicas o difundir contenidos desinformativos.
La Ley de Radio de 1954 establece una obligación para quienes operan frecuencias de radio y televisión mediante concesiones sobre un bien de dominio público: el espectro radioeléctrico. En virtud de esta normativa, los operadores deben ceder gratuitamente al Ministerio de Educación Pública un espacio mínimo de media hora semanal. La finalidad de esta disposición es concreta: destinar ese tiempo a la divulgación científica y cultural. Durante el periodo de convocatoria a elecciones, esta atribución se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones para la difusión de instrucciones de carácter cívico-cultural.
La norma, sin embargo, no autoriza que este espacio sea utilizado como una plataforma de propaganda gubernamental, como un mecanismo para promover la imagen de los jerarcas de turno o, peor aún, para difundir información falsa o contenidos desinformativos. Tampoco establece que las frecuencias radioeléctricas deban ponerse al servicio de las necesidades de comunicación política del Poder Ejecutivo.
La diferencia no es menor. Una cosa es utilizar un recurso público para atender una necesidad de evidente interés general y otra muy distinta es emplearlo para satisfacer los intereses comunicativos y políticos de un gobierno.
En el ejercicio de sus potestades, el Poder Ejecutivo no puede actuar de manera arbitraria ni interpretar sus competencias de forma expansiva para imponer a los concesionarios de radio y televisión la transmisión obligatoria de mensajes que exceden los fines establecidos por la legislación. La utilización de un bien público, como el espectro radioeléctrico, debe estar sometida a los objetivos legítimos de interés público.
En cualquier Estado democrático, una facultad de esta naturaleza debería estar reservada para circunstancias excepcionales y debidamente justificadas. Situaciones de emergencia nacional, por ejemplo, podrían requerir la difusión inmediata de información para proteger a la población, gestionar riesgos o enfrentar una crisis. También resulta razonable que estos espacios se utilicen para contenidos de divulgación científica, educativa o cultural. Lo que no resulta admisible es convertirlos en una extensión de la estrategia de comunicación política del gobierno.
Eso es precisamente lo que ocurre cuando las cadenas nacionales se utilizan de manera sistemática para transmitir propaganda gubernamental o para lanzar ataques contra otras instituciones del Estado, funcionarios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil o sectores de la oposición, especialmente cuando quienes son objeto de esas descalificaciones no cuentan con una posibilidad equivalente de réplica.
El problema, entonces, no es solamente jurídico. Es también democrático.
Cuando el poder político utiliza de manera abusiva una plataforma de comunicación que está respaldada por una obligación legal impuesta a los medios, termina apropiándose de un espacio que debería estar destinado al interés público. Y cuando ese espacio se emplea para imponer una única narrativa, se afecta directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, diversa e independiente.
Las cadenas obligatorias tienen, por su propia naturaleza, un enorme poder simbólico y comunicativo. Permiten al gobierno ingresar simultáneamente en los hogares de miles de personas y desplazar, aunque sea temporalmente, la programación y los contenidos habituales de los medios. Por eso, su utilización exige una responsabilidad democrática particularmente rigurosa.
No puede pretenderse que una facultad de esta magnitud quede al arbitrio de los intereses políticos de los funcionarios de turno. Si el Poder Ejecutivo tiene la potestad de ordenar cadenas obligatorias, sus alcances, límites y finalidades deben atenerse a lo establecido en la ley. No puede depender de la interpretación coyuntural de un gobierno ni de su conveniencia para posicionar determinados mensajes en la esfera pública.
El abuso se vuelve todavía más grave cuando estos espacios son utilizados por las autoridades para promover la intolerancia, alimentar la polarización, difundir desinformación, desacreditar a quienes piensan diferente o debilitar la confianza en las instituciones democráticas y en los derechos humanos.
Una democracia saludable no puede construirse a partir de la imposición de un discurso único desde el poder. El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que exista un debate público abierto, plural y diverso, no de utilizar sus recursos y potestades para intentar controlarlo.
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Giselle Boza S. es periodista y abogada. Coordina el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR).