El curso escolar se inicia con grandes desafíos para el sistema educativo, según el más reciente Informe Estado de la Educación. Dentro de estos se encuentran los retos estructurales, a los que los jerarcas de turno suelen referirse como los rezagos históricos, indicando con ello que se trata de problemáticas heredadas, pero a las que no ha sido posible encontrarles soluciones definitivas.
La infraestructura educativa es uno de estos. Costa Rica cuenta con unas 4.500 escuelas; sin embargo, las diferencias en calidad son significativas. Más de 800 tienen órdenes sanitarias de diversa índole y otras requieren mantenimiento para evitar un mayor deterioro.
A pesar del aumento en la inversión en infraestructura antes del 2018, en los últimos años el presupuesto se ha reducido de forma considerable, especialmente el que administran las juntas escolares, que pasaron de ¢88.000 millones en el 2017 a ¢8.000 millones en el 2022.
La cobertura del currículo completo es otro de los mayores retos que enfrenta el sistema. En 1997 fue establecido el plan de estudios para primaria, de trece asignaturas, pero hoy día, menos del 10 % de las escuelas ofrecen todas las materias.
Las diferencias en contenidos y aprendizajes entre quienes sí reciben todo el currículo y quienes no se traducen en grandes brechas para el futuro de los estudiantes.
Hay que añadir los desafíos de más reciente aparición. El Estado de la Educación señala un debilitamiento de la propuesta de informática educativa, por la descontinuación de los programas anteriores (que alcanzaban al 90 % de las escuelas) y las dudas acerca de cómo será ejecutado el nuevo programa de formación tecnológica.
La ausencia de evaluaciones estandarizadas, que de acuerdo con expertos y funcionarios del MEP podrían no ser tan robustas, añade incertidumbre a la correcta identificación de los niveles de conocimiento.
Los recortes sostenidos al presupuesto, que ponen a los miembros de las juntas escolares en la encrucijada de decidir si se reparan las grietas en los techos y paredes, o se pagan los recibos de electricidad y agua, se suman a la lista de desafíos a los que el MEP y el Ministerio de Hacienda deben encontrar soluciones sostenibles, cada uno en su ámbito de competencia.
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El autor es economista.
