No es la primera vez que lo señalo, si las muertes de mujeres de este mes no conmueven ni mueven al gobierno a declarar la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional, estaría incumpliendo con sus deberes y con su mandato constitucional de resguardar vidas humanas.
Si abrimos el portal del Observatorio de Género del Poder Judicial, una de las cifras que resalta es que hay dos feminicidios; no obstante, en este mes de enero ya se duplicó la cifra con cinco ejecutados por sus parejas o exparejas sentimentales. Tres de ellos ocurrieron en menos de 24 horas, un domingo entre las 6 p. m. y las 7 a. m. del lunes. Si eso no justifica la emergencia, no sé qué se necesita.
La ministra del ramo reconoció que “los programas no están cumpliendo con sus objetivos” y lo confirmé. Pedí a una colaboradora que al azar llamara a cinco de los 32 puntos violeta, ubicados en municipalidades, y sucedió que debió dar largas explicaciones sobre el programa para que finalmente la conectaran con las oficinas de la mujer. Es evidente que una víctima no cuenta con ese tiempo.
Falla el MEP con la ausencia de programas sobre masculinidades, y debe dar marcha atrás al cierre de los cursos de sexualidad y afectividad, un retroceso terrible. Falla el Inamu, las municipalidades y, sin duda, el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que uno de los supuestos asesinos contaba con 15 incidentes de violencia y seguía libre porque no se le había notificado las medidas de protección? Además, abundan los casos, que pese a haber medidas notificadas, son insuficientes para prevenir una fatalidad.
Es incuestionable que los niveles de violencia y la misoginia se han incrementado exponencialmente y lo triste es que se normaliza ese comportamiento, junto a sus expresiones, y paralelamente se recorta el presupuesto aprobado.
Por último, fallan quienes, conociendo casos de violencia, callan. Es triste leer en los medios de comunicación cómo, en la mayoría de los casos, la comunidad y hasta familiares sabían de las condiciones de violencia y no hicieron nada. Y, por cierto, los periodistas también deben ser entrenados porque, según especialistas, la cobertura mediática puede ser un disparador de más violencia.
¡Ni una más!, ese es el llamado para que unidos exijamos a las autoridades la declaratoria de emergencia.