EscucharCuando Costa Rica presentó su solicitud de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quedó debidamente advertida, entre otras cosas, de las condiciones que debía cumplir para garantizar el correcto funcionamiento de sus mercados internos, especialmente la eliminación de las abundantes distorsiones monopolísticas.
El principal instrumento convenido fue aprobar una ley para fortalecer el organismo de promoción de la competencia (Coprocom), el cual se creó mediante la Ley 9736, el 5 de setiembre del 2019.
La razón de esta condición era muy clara. La OCDE recomendaba la apertura de los mercados a la libre competencia, entre ellos el del arroz, para proteger al tantas veces maltratado consumidor. La competencia no funciona cuando hay grupos o empresas con capacidad para interferir en los precios y subirlos artificialmente.
La liberalización del mercado del arroz, llamada ostentosamente La Ruta del Arroz, está lejos de haber logrado los beneficios esperados. En julio del 2022, el gobierno bajó sustancialmente los impuestos a la importación del grano y eliminó varias restricciones anteriormente destinadas a mantener altos los precios al consumidor. Pero desde entonces, estos han aumentado un 3,71 %, a pesar de la caída de casi un 25 % en el tipo de cambio y la eliminación de los aranceles.
La meta era conseguir una disminución sustancial del precio al consumidor, pues este era mucho más bajo en los mercados internacionales. Tales restricciones habían sido estratégicamente impuestas en el pasado por grandes productores e importadores del grano, únicos autorizados a traerlos del exterior exentos de impuestos, mediante los famosos decretos de desabastecimiento, elaborados por ellos y refrendados por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
Les producían jugosas ganancias, pues los precios se fijaban al mayor costo y utilidad de los productores más ineficientes. ¡Qué bendición para ellos era la existencia de pequeños productores, de baja tecnología, altos costos y exiguos rendimientos, para usarlos como cabeza de playa!
Los grandes productores no solo se quedaban con las ganancias propias de su mayor eficiencia y del control de los procesos de industrialización y mercadeo, sino también con los beneficios arancelarios destinados, idealmente, a ser trasladados a los consumidores. El gobierno no recaudaba nada de esos impuestos.
Fracaso total
Pero La Ruta del Arroz fracasó, para frustración de los consumidores. ¿Por qué ocurrió? No se puede negar la concurrencia de varios factores externos desfavorables al arranque del programa.
Por una parte, el precio internacional del arroz en granza, que estaba en $15,8/cwt (quintal corto de 45,35 kg), en julio del 2022, empezó a aumentar sostenidamente hasta $18 a finales del 2022, casi un 15 % en 5 meses.
Y en junio del 2023, alcanzó el punto máximo de $19,7/cwt, casi el 25 % en un año. Debe agregarse la crisis de los contenedores, los cuales triplicaron su costo e impidieron la importación de producto a menor escala.
Todo quedó a merced de los grandes importadores a granel, con gran poder monopolizador. Las importaciones en contenedores quedaron fuera de competencia. Los precios internos apenas se redujeron un 2,8 %, monto insignificante, a pesar de la liberalización de la importación, incluida la eliminación de aranceles. Debe abonarse un tipo de cambio creciente en ese período.
En julio del 2023, no solo se había normalizado relativamente el problema de los contenedores, sino que el precio externo tuvo una abrupta caída, por debajo del de julio del 2022 (a $15,4 /cwt).
En el mercado interno, no pasó nada en esos meses. Pero a partir de noviembre del 2023, el precio internacional volvió a subir hasta $19/cwt, pero ahí sí pasó algo, pues el precio interno volvió a subir, a pesar de la notable revaluación cambiaria. O sea, no baja cuando el mercado internacional baja, pero sí sube cuando este lo hace. Un perfecto efecto trinquete.
Fondo arrocero
El mercado interno sigue dominado por los productores más grandes, únicos capaces de competir con los precios internacionales, y por los grandes importadores y distribuidores, los cuales se encargan de evitar la reducción de los precios al consumidor.
Y, en río revuelto, ganancia de pescadores. Aprovechando esta coyuntura, un grupo de diputados, entusiastamente, están promoviendo un proyecto de ley para volver a la situación anterior, con la creación de un fondo arrocero. Devolvernos de Guatemala a Guatepeor.
Como sacado de un cuento de hadas, según promete el proyecto, no habrá impacto sobre los precios al consumidor, aunque ofrece pagar a los arroceros $23/cwt, cuando el mercado internacional está en $19/cwt.
Desde luego, como sucedía antes, la mayor parte de ese sobrepago irá a los bolsillos de los grandes productores, industriales e importadores, e irremediablemente será pagado por los consumidores, clara muestra del poder de cabildeo e influencia sobre los estrados de poder político.
Las circunstancias actuales no se ven dadas para la eliminación del poder monopolizador en los diferentes eslabones de la cadena de este sector. Era lo anticipado por la OCDE cuando impuso la condición de fortalecer la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Correspondería a esta entidad identificar las razones por las cuales los precios no bajan en concordancia con los precios de importación, el tipo de cambio y otros costos; dictar las medidas para romper el poder del monopolio; e, incluso, establecer sanciones a los infractores, tal como lo especifica la ley.
Pero los legisladores cometieron un error: mantuvieron la Coprocom dentro del MEIC, es decir, en el corazón de la influencia política. Por razones incomprensibles, el gobierno, lejos de buscar el fortalecimiento de esta unidad y mejorar su desempeño, parece actuar en la dirección contraria.
Se ha estrangulado sensiblemente su presupuesto, impidiendo el nombramiento de personal técnico y profesional, necesario para su eficaz funcionamiento. En estos momentos, es fácil justificarlo con la regla fiscal. Pero no parece existir voluntad para reducir presupuestos en áreas irrelevantes y fortalecer las más necesarias, en beneficio de la productividad y de los consumidores, como en el caso de la Comisión.
Si el proyecto de creación del fondo arrocero fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, la única esperanza radica en el veto presidencial, aunque se cierne la amenaza de un posible resello. El poder de cabildeo es muy grande.
El autor es economista y miembro activo de la firma Cefsa desde 1982. Fue regulador general de la República y economista jefe del Fondo Latinoamericano de Reservas, en Bogotá, Colombia.
