El diagnóstico está claro. Las elevadas cargas sociales pagadas en Costa Rica —las más altas de América Latina y entre las más cuantiosas de la OCDE— es uno de los principales factores detrás de nuestros elevadísimos niveles de desempleo e informalidad. Si queremos combatir esos flagelos, tenemos que entrarles a esos impuestos al trabajo.
Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. De dichas contribuciones, sale el financiamiento no solo de la CCSS, sino también del INA, el IMAS, Fodesaf y las pensiones complementarias. Plantear una reestructuración de las cargas sociales implica una cirugía a corazón abierto al “Estado social de derecho”. Pocos políticos tienen apetito para ello, pero, de lo contrarío, habrá más desempleo, informalidad, desigualdad y pobreza. Y eso tampoco es una opción.
Tocar a la CCSS es sin duda la parte más complicada de la operación. Pero no hace falta. Del 26,5 % de la contribución patronal sobre el salario de un trabajador, solo un 14,5 % va a esa institución. Un reacomodo de las cargas sociales no tiene por qué comprometer su financiamiento. Tampoco sería prudente incluir el 4,75 % de las contribuciones a la Ley de Protección al Trabajador, de donde sale el dinero de las pensiones complementarias.