Costa Rica aprendió hace mucho tiempo que un país sin ejército no defiende sus fronteras solo con puestos migratorios, policías o notas diplomáticas. Las defiende también con principios, con una voz clara y firme. Así construimos una doctrina de Estado que nos ha distinguido globalmente. Concretamente, frente a Nicaragua, vecino inevitable, frontera sensible y socio comercial ineludible, sostener una línea congruente de defensa de la democracia, los derechos humanos y el Derecho Internacional ha sido clave.
La presidenta Laura Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen “la forma de gobierno que han elegido tener” y reivindicó una relación “fraternal”, “pacífica y armoniosa” con el país vecino. Días después, tal vez por el efecto negativo que recibió, agregó que sería “irresponsable” despotricar contra Managua, ya que una parte importante de nuestro comercio pasa por esa frontera compartida.
Por su parte, el canciller, Manuel Tovar, ha seguido una línea distinta. En su gira internacional señaló la presencia de militares rusos en territorio nicaragüense; ante la OEA, respaldó la condena al deterioro democrático, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las expulsiones forzadas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo –esas detenciones, desapariciones y expulsiones que todos en Costa Rica conocemos, esas que vienen ocurriendo desde hace largos años–.
Dos funcionarios. Dos lenguajes. Dos Nicaraguas. Una, la descrita desde Zapote, de un pueblo que escogió libremente a sus gobernantes –quienes, además, mantienen “estabilidad económica”–. La otra, descrita desde la diplomacia formal, con una dictadura que encarceló, expulsó, silenció o inhabilitó a buena parte de su oposición antes de cada cita electoral.
No estamos ante simples diferencias de tono. Estamos ante descripciones incompatibles de una misma realidad. Ante una contradicción de fondo sobre qué es Nicaragua y, por lo tanto, sobre qué debe ser y hacer Costa Rica frente a ella.
Y ahí está el problema que ninguna cifra comercial alcanza a disolver. Nadie en su sano juicio pide que Costa Rica rompa relaciones con Nicaragua. La interdependencia es real. Las exportaciones hacia ese mercado son relevantes, la frontera norte es una arteria económica y logística, y miles de familias viven todos los días los frutos de esa vecindad. El pragmatismo no solo es legítimo; para un país pequeño, es obligatorio. Costa Rica no puede gobernarse desde gestos heroicos que terminan pagando los exportadores, los migrantes, los transportistas o las comunidades fronterizas.
Pero hay una diferencia enorme, y la diplomacia existe precisamente para administrar esa diferencia, entre gestionar con realismo una relación difícil y acuerpar la narrativa de la dictadura vecina.
Decir que los nicaragüenses “eligieron” su gobierno no es neutralidad. Es tomar partido. Es validar, con el lenguaje del Estado costarricense, la ficción electoral que las propias víctimas del régimen nicaragüense, el exilio democrático y múltiples organismos internacionales han denunciado reiteradamente.
Es incomprensible que lo haga, además, el país que durante décadas ha recibido a cientos de miles de nicaragüenses que no huyeron de una preferencia política, sino de una persecución. Que dejaron su hogar con dolor y por necesidad, no por gusto. Que parieron a sus hijos aquí y no allá. Costa Rica no puede decirles que lo que viven es consecuencia de su libre elección. Eso no es realismo diplomático, es una forma de desmemoria.
Este es el segundo caso, en menos de dos meses de administración, en que frases u opiniones vertidas por la señora presidenta generan disonancia con países vecinos. La política de Estado requiere continuidad, jerarquía y coherencia. Requiere planear qué se dice, quién lo dice y para qué se dice. Porque el costo de la descoordinación no se paga solo en la opinión pública nacional. Se paga afuera. El mensaje que reciben Panamá, Managua y el Sistema Interamericano es el de un Estado confundido en pensamiento y en intenciones.
Por otra parte, un país sin ejército que, además, pierde su voz queda peligrosamente desarmado.
La pregunta, entonces, no es si la presidenta Fernández o el canciller Tovar tienen razón en una frase específica; es si todavía existe una política exterior de Estado o si estamos reemplazándola por improvisaciones según la entrevista del día o el foro de la semana, gestos contradictorios y cálculos de corto plazo.
Porque una cosa debe quedar clara: Costa Rica no necesita escoger entre comercio y democracia. Esa es una falsa dicotomía. Puede mantener canales abiertos, proteger su comercio, cuidar la frontera, hablar con firmeza en los organismos internacionales y, al mismo tiempo, no legitimar una dictadura. Eso es precisamente lo que se espera de una diplomacia seria. Aquí y en foros internacionales, Costa Rica debe hablar con una sola voz: sensata, responsable y clara.
Costa Rica puede permitirse muchas cosas. Ser pequeña no es una desgracia; al contrario, se convirtió durante décadas en una forma de autoridad moral. Lo que no puede permitirse es perder la coherencia que le dio peso en el mundo. Un país que durante 77 años defendió la democracia ajena como quien defiende la propia no debería permitirse la confusión entre la prudencia y la rendición.
----
Abril Gordienko López es diputada de la República.
