La división de poderes ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos
Miguel Sobrado
La exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. Foto con fines ilustrativos. (Shutterstock)
La república, como sistema político, presupone un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cimenta las democracias. Esta división ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.
Son Estados donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que favorecen el bienestar, tales como la educación y la salud, condiciones que permiten ascender socialmente y participar en las decisiones, especialmente, locales y regionales.
Estas condiciones conducen no solo al crecimiento social y del capital humano, sino también al progreso económico, y estimulan una mejor distribución del ingreso y amplia participación ciudadana. Esto se evidencia en los países nórdicos y algunas partes de los Estados Unidos. En otras palabras, los pesos y contrapesos operan no solo porque existen formalmente, sino también porque se sustentan en una base social empoderada.
En América Latina, las repúblicas nacieron con los dados cargados, basadas en la exclusión de las mayorías y la desigualdad social, situación no superada en la mayor parte del continente, especialmente para los afrodescendientes de Brasil, el Caribe y sur de los Estados Unidos —que comparten la historia esclavista con América Latina—, quienes fueron los que con trabajo forzado produjeron durante siglos la riqueza y los grandes capitales de estos países.
La situación de los indígenas americanos, sometidos a la servidumbre mediante las encomiendas españolas, no fue mucho mejor, y con su aportación obligada se amasaron también los grandes capitales de México, Centroamérica y sur de la América andina.
La lucha por la independencia y la construcción de repúblicas fue una reivindicación de los hijos de los conquistadores, nacidos en América o criollos, que fueron discriminados por Madrid en favor de los peninsulares. Su lucha solo involucró a las poblaciones indígenas y mezcladas como carne de cañón en las guerras, pero no les abrió acceso a las tierras ni a la educación. La élite criolla, por su parte, mantuvo el sistema centralista heredado de España para su beneficio y cerró las puertas a los desarrollos regionales.
Exclusión persistente
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A pesar de los siglos transcurridos y los cambios —más cosméticos que profundos—, la exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. De ahí que, por carecer de una base ciudadana empoderada, no haya existido un soporte social al balance de poderes y nuestras repúblicas hayan renqueado a lo largo de la historia hacia el autoritarismo.
Esto es especialmente grave en la época en que vivimos debido a tres razones: a) la importancia del conocimiento y la educación de calidad para el desarrollo de nuestros países en este siglo; b) el crecimiento del poder del narcotráfico, que se alimenta, entre otros, de la exclusión, en un momento en que los sistemas clientelistas tradicionales se encuentran agotados; y c) la necesidad de preservar y regenerar el medioambiente para mitigar los desastres del cambio climático.
Nuestro problema como latinoamericanos tiene orígenes sistémicos, debe hacérsele frente con soluciones que rompan los círculos viciosos, dirijan parte de los ingresos a una inversión en educación y capacitación modernas que propicien soluciones a través de los movimientos sociales e instituciones renovadas la participación autónoma organizada de los grupos y comunidades.
La medición del impacto de las políticas públicas debe hacerse considerando los resultados tras la incorporación de los excluidos a los procesos educativos y la capacitación organizacional que impulse su integración a la vida nacional y local.
Estos resultados son los que interesan, y son el mejor indicador de que se están creando fundamentos sólidos para la construcción de una república moderna y para el ejercicio de las libertades democráticas.
Brasil
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Lula, en Brasil, en sus gobiernos anteriores, creó 29 universidades federales para brindar oportunidades a los excluidos y contribuir de esta manera también a mitigar la explosión social, en una realidad convulsa. Aunque no fue suficiente, pues dejó por fuera a quienes perdieron la oportunidad educativa básica, fue un paso en la dirección correcta.
En su nuevo gobierno, sería conveniente que aproveche la capacitación masiva llevada a cabo por Clodomir Santos de Morais, a quien premió por su trabajo en la lucha contra la pobreza, como uno de los ejes de la política de inclusión.
La experiencia fue aprovechada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra para formar cooperativas y comunidades, y ha sido exitosa durante las últimas décadas en tres continentes. Debe valorarse, más allá de la formación de empresas, que es en lo que ponen énfasis los tecnócratas, el poder de organización ciudadana y su aportación a mediano plazo a la creación de una base social de gestión democrática.
Debemos recordar que el narcotráfico, a través del terror y su poder económico, se perfila como una opción real. Al mismo tiempo, crece la amenaza del cambio climático para nuestras naciones y la especie humana.
