La política brasileña acaba de entrar en un terreno inexplorado: el 11 de setiembre, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al expresidente Jair Messias Bolsonaro, junto a altos mandos militares, por planear un golpe de Estado, en un fallo histórico que marca un parteaguas en los 135 años de la República y coincide simbólicamente con la conmemoración de los 40 años de la redemocratización de Brasil.
Fallo histórico
La condena impuesta a Jair Bolsonaro es tan contundente como inédita: 27 años y tres meses de prisión. La decisión fue adoptada por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (equivalente a la Corte Suprema), con una votación de 4 a 1 en su contra.
Los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin respaldaron la condena, mientras que Luiz Fux se inclinó por la absolución al considerar que el Supremo carecía de competencia para juzgar al expresidente. Este voto en minoría, no obstante, podría ser invocado más adelante por sectores bolsonaristas como sustento para promover una eventual amnistía o indulto.
La sentencia responsabiliza a Bolsonaro de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición del orden democrático y pertenencia a organización criminal, en conjunto con tres exgenerales, un almirante y un teniente coronel.
Las pruebas presentadas durante el proceso resultaron concluyentes. La magnitud de la conspiración demuestra que no se trató de excesos aislados, sino de un intento coordinado y deliberado de quebrar el Estado de derecho e instaurar una dictadura. La jueza Cármen Lúcia Antunes, cuyo voto fue decisivo, subrayó la existencia de un “plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas” orientado a impedir la alternancia pacífica en el poder tras los comicios de 2022.
Bolsonaro, condenado pero aún influyente
Este fallo rompe con una tradición de impunidad hacia militares y exmandatarios involucrados en complots golpistas. Envía, al mismo tiempo, una señal de que en Brasil nadie está por encima de la Constitución. Pero no implica, necesariamente, el debilitamiento político inmediato de Bolsonaro ni el fin de su carrera política.
Las encuestas reflejan una sociedad profundamente dividida: si bien la mayoría (52%) de los brasileños cree que el expresidente participó en la conspiración golpista, un importante 36% niega su responsabilidad en el intento de golpe y un 42% lo percibe como víctima de persecución política, según una encuesta de Quaest, publicada recientemente.
Para millones de bolsonaristas, la condena lo eleva a la categoría de mártir frente a lo que llaman una “dictadura judicial”. En este clima de victimización, la polarización se mantiene intacta e incluso podría intensificarse de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2026.
Conviene recordar que el expresidente ya acumulaba inhabilitaciones anteriores dictadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): en junio de 2023 fue sancionado por desacreditar el sistema electrónico de votación ante embajadores, y en octubre de ese mismo año, junto a su excompañero de fórmula el general, Braga Netto, fue condenado a ocho años de inelegibilidad por el uso electoral de las celebraciones del 7 de setiembre de 2022. Como resultado de ambas sentencias, Bolsonaro no podrá competir en elecciones hasta 2030.
Los partidarios de Bolsonaro buscan revertir su actual situación judicial y la opción más discutida es la aprobación de una amnistía en el Congreso. No obstante, el camino es incierto, pues un eventual veto del presidente Lula o una declaración de inconstitucionalidad por parte del Supremo podrían frustrar la iniciativa.
El proyecto ya cuenta con un respaldo político inicial, encabezado por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aunque incluso en caso de prosperar, podría limitarse únicamente a los delitos por los que el expresidente fue condenado recientemente, lo que mantendría su inelegibilidad hasta 2030.
Una eventual aprobación de la amnistía generaría una grave crisis institucional, ya que el STF ha dicho que lo invalidaría –como ocurrió en 2022 con el indulto concedido a Daniel Silveira–, lo que reavivaría el enfrentamiento entre Congreso y Supremo y abriría la puerta a medidas más drásticas, como eventuales juicios políticos contra los magistrados.
Otra alternativa –no viable políticamente en este momento– es un indulto, pero para ello debería darse el triunfo de un candidato de derecha o extrema derecha en 2026.
Resiliencia democrática
La condena de Bolsonaro es un hito judicial de alcance histórico en defensa de la democracia y sus instituciones, pero no resuelve por sí sola la fractura política del país. Al contrario, la puede profundizar.
Brasil enfrenta ahora la prueba de poner a sus instituciones a la altura de una democracia acosada por la polarización: la justicia ha trazado un límite claro contra la impunidad, pero será la política la que deba transformar esa rendición de cuentas en confianza ciudadana, reconstruyendo consensos y evitando que los fallos judiciales se conviertan en un nuevo combustible para la confrontación.
A modo de conclusión
La decisión del Supremo marca un antes y un después en Brasil. Envía un mensaje contundente: los intentos de subvertir el orden democrático tendrán serias consecuencias y no quedarán impunes. Al mismo tiempo, este fallo histórico abre una nueva etapa en la lucha por consolidar una democracia de calidad y resiliente, con capacidad para poder enfrentar con fortaleza tanto las amenazas internas como las presiones externas.
En efecto, el desafío actual es doble: por un lado, contener la reacción de los grupos de derecha y extrema derecha que ya difunden narrativas de persecución y buscan mecanismos para evitar que su líder cumpla la sentencia impuesta; por otro, anticipar la respuesta de la administración Trump, cuya afinidad y cercanía con Bolsonaro podría traducirse en nuevas sanciones contra Brasil y en una peligrosa escalada de la tensión existente.
En síntesis, no cabe duda de que la democracia brasileña aún tiene un largo camino por recorrer, plagado de desafíos, obstáculos y riesgos. Pero tampoco hay duda de que, con este juicio y esta sentencia ejemplar, el país ha dado un paso histórico en la dirección correcta. Un acontecimiento que reviste un enorme valor no solo para Brasil, sino también para todas las democracias de América Latina.
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Daniel Zovatto es director y editor de Radar Latam 360.