En Costa Rica tenemos una receta infalible para acabar con la corrupción: elegir a alguien que prometa acabar con la corrupción. Cuando tampoco funciona, repetimos la receta. Cambiamos la bandera, estrenamos salvador y descubrimos que el nuevo también tiene amigos.
El poder permanece, el negocio permanece. Apenas cambia el encargado de la caja registradora. ¿Y si empezáramos a preguntarnos por qué hay una caja registradora?
El divulgador Andrés Caramés plantea una idea incómoda: allí donde una firma política vale plata, existe un incentivo para comprarla. Una autorización puede convertir un terreno en un negociazo; una excepción puede abrirle al amigo la puerta que sigue cerrada para los demás.
La tinta no es cara. Lo caro es el poder que le pusimos detrás.
Pensemos en actividades concretas. Diseñar un logotipo desde una computadora, traducir documentos por Internet o dar clases de inglés por videollamada. Si no hay atención presencial, almacenamiento ni riesgos sanitarios, ¿qué justifica exigir un permiso de salud? ¿Habrá que desinfectar los adjetivos o vacunar el logotipo?
Costa Rica dio un paso sensato con el decreto 44868-S: excluyó del reglamento sanitario a ciertas empresas totalmente virtuales. La exclusión exige inscripción como micro o pequeña empresa ante el MEIC, ausencia de bodega u oficina fija y de sitio permanente de atención; además, deja fuera determinadas actividades con productos de interés sanitario. Bien por retirar esa barrera. Ahora habría que preguntarse por qué la ausencia de riesgo necesita depender del tamaño de la empresa.
Otro ejemplo: pintar una pared de la casa. La Municipalidad de Heredia incluye la pintura de paredes y techos entre las obras menores de su trámite de permiso de construcción. ¿De verdad debería requerir autorización previa pintar una pared interior de una vivienda corriente, sin modificar estructuras ni afectar a nadie? La brocha podrá necesitar aguarrás. Cuesta más entender por qué necesita una bendición municipal.
Son actividades lícitas que deberían poder realizarse sin esos permisos previos. Seguirían existiendo responsabilidades por daños, obligaciones tributarias y derechos del consumidor. Lo que sobra es poner una ventanilla entre el ciudadano y cada cosa razonable que quiere hacer.
Porque detrás de una dificultad artificial puede aparecer un personaje providencial: “Eso está complicado, pero yo conozco a alguien”. El expediente aprende a caminar. Lo imposible encuentra arreglo. Primero, levantamos el muro; después nos sorprendemos de que alguien cobre por la escalera.
Aquí está la clave: cuantas menos actividades legítimas volvamos ilegales por falta de un permiso innecesario, menos oportunidades habrá de cobrar por tolerarlas. El poder de decir “no” puede convertirse en el negocio de vender el “sí”.
Si desaparece ese permiso, desaparece la posibilidad de venderlo. El funcionario no se volvió santo. Se quedó sin producto en el mostrador. Funciona incluso con gente de dudosa vocación celestial.
En otro artículo, propuse que un estadito corruptito es mucho mejor que un estadote corruptote. Reducir los espacios donde se puede meter la mano limita el daño. Ahora, demos otro paso: un Estado que prohíbe menos actividades legítimas y reparte menos privilegios también ofrece menos cosas que vender a escondidas.
El tamaño importa
El alcance del poder, también. Tres funcionarios pueden tener un poder descomunal si deciden quién trabaja, quién compite y quién espera. Un estadito que conserve todas las llaves del estadote apenas habrá adelgazado la planilla. Todavía puede cobrar por abrir cada puerta.
También debemos revisar las barreras que protegen a los instalados contra nuevos competidores. Hay empresarios que defienden la libertad de mercado siempre que el mercado tenga la delicadeza de no dejar entrar a nadie más. La libertad les encanta. La ajena los incomoda.
Fiscalizar y castigar siguen siendo indispensables. Robar, estafar o contaminar deben tener consecuencias. Y las compras públicas necesitan competencia, información abierta y controles independientes. Pero vigilar mejor resulta más fácil cuando dejamos de gastar recursos en autorizar lo que no necesita autorización.
¿Acabaríamos con toda la corrupción?
Prometerlo sería ingresar al club de los salvadores del primer párrafo. Podemos, eso sí, reducir sus oportunidades. Exijamos que cada prohibición explique qué daño evita y que cada permiso demuestre por qué hace falta.
Un Estado concentrado en lo esencial podría atender mejor una educacionzota, una saludzota y una seguridadzota. Y dejar que la gente trabaje sin comprar indulgencias.
Al próximo candidato preguntémosle qué poderes está dispuesto a dejar, qué prohibiciones eliminará y qué privilegios dejará de repartir. Porque al corrupto podremos cambiarle el escritorio y la foto de campaña. Mientras conserve algo que vender, encontrará comprador.
Hagamos el estadito. Y quitémosle al vivo la pulpería.
aquiros@mac.com
Alberto Quirós Feoli es publicista, fundador de la agencia de publicidad Jotabequ y profesor universitario en filosofía creativa.