En el 2006 arrancó el programa de becas Avancemos para promover la permanencia y reinserción en el sistema educativo de jóvenes pertenecientes a familias de bajos ingresos.
Asimismo, que los que se reintegraban al sistema educativo lo hacían por diversos motivos, pero un porcentaje bastante alto (alrededor del 87 %) lo hizo gracias “a la transferencia que se les entregó”.
En una evaluación más reciente, se demostró que de cada 100 jóvenes en secundaria que habían recibido la transferencia entre el 2015 y el 2016, por lo menos 16 muchachos al año habrían abandonado o permanecido fuera del sistema formal de educación si no hubieran percibido este beneficio económico. “Los efectos fueron significativamente más altos para jóvenes hombres de las zonas rurales”, dice el estudio.
Dada esta evidencia, el recorte de 110.000 becas en el 2023 y el 2024 implica que el gobierno tomó la decisión sabiendo que, con seguridad, como mínimo 16.000 estudiantes abandonarán el sistema educativo y no regresarán debido a la pérdida del beneficio, y todos los demás enfrentarán mayores dificultades para continuar sus estudios.
Si se trató de una decisión de política basada en evidencia, es posible que el gobierno haya concluido que el costo social, en términos de baja escolaridad y menor posibilidad de conseguir empleos formales en el futuro para estos jóvenes, será menor que el beneficio social esperado en 10, 15 o 20 años.
¿Es así? De momento, ningún ministerio (Trabajo o MEP), ni el IMAS o la Desaf, mucho menos Hacienda, ha publicado un estudio que puntualice el impacto y que confirme que el beneficio social será mayor a su costo inmediato.
Si existiera tal estudio, las críticas a estas decisiones podrían mermar, pero, si no existe, ¿con base en qué se tomó la decisión? ¿Se han considerado otros factores además del balance fiscal?
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El autor es economista.
