Quizá haya margen para discrepar de la legalidad del incremento salarial dispuesto por la Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero la certeza es casi absoluta sobre el desacierto de tal decisión.
Para legos como yo, el presidente Chaves y otros tienen razón al decir que el incremento contradice la acotada excepción sobre el efecto de la regla fiscal en la institución. Según la ley, solo se excluyen “los recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo”. Alguien podría decir que una parte de los salarios entra en el manejo de esos fondos y, por tanto, la ilegalidad no existe. Se trataría de un temerario exceso de imaginación, pero da alguna base para su defensa. El desacierto, en cambio, es múltiple e indefendible, en lo financiero, político e institucional.
Su propia Dirección Actuarial alertó que el alza, de entre ¢7.500 y ¢8.500 al salario base de los 63.000 empleados, “acentuaría negativamente” la magnitud de sus déficits. Pero este sólido argumento no impidió que siete de los nueve directores votaran a favor, y solo una representante patronal, de los tres en la Junta, se opusiera (otro estuvo ausente). El negativo efecto institucional es evidente: como sus recursos son limitados y las necesidades de la salud cada vez mayores, los servicios —léase pacientes— sufrirán.
