Costa Rica tiene un serio problema estructural de alto desempleo. Y por “estructural” me refiero a que no se va a arreglar por sí solo o con la llegada de algunas empresas extranjeras. Se requieren reformas estructurales importantes. Lamentablemente, casi nadie se atreve a plantearlas.
Primero, repasemos la gravedad del problema. En el primer trimestre del 2017 el desempleo fue del 9,1%. Ha permanecido por encima de ese umbral la mayor parte de la década. El empleo informal aumentó 1,8 puntos porcentuales a un 43,2%. Ominosamente para la propaganda oficialista, en este gobierno solo se han creado 12.000 puestos de trabajo netos. Estos datos revelan un mercado laboral deprimido a largo plazo, lo cual tiene serias consecuencias en otras áreas como disminución de la pobreza, sostenibilidad de las pensiones y bienestar general de la población.
El elefante en el cuarto en esta discusión son las cargas sociales. En Costa Rica, un patrono paga un 26,33% del salario de un trabajador en contribuciones a la seguridad social, INA, asignaciones familiares, etc. Este es el porcentaje más alto de América Latina y sería uno de los más altos de la OCDE si perteneciésemos a ese club. Las cargas sociales cumplen un objetivo, pero eso no elimina su naturaleza de gravamen al trabajo. Y así como los altos impuestos a los cigarrillos buscan disuadir el fumado –y acarrean la consecuencia no deseada de promover el contrabando– las elevadas cargas sociales tienen un efecto similar sobre el trabajo: fomentan el desempleo y la informalidad.