Para hacerle frente al grave rezago de los municipios en la confección de los instrumentos de planificación, el Gobierno habilitó una base de datos de acceso gratuito con información necesaria para la elaboración de planes reguladores.
Con la aplicación de esos instrumentos los cantones pueden garantizar su desarrollo sostenible ante el crecimiento de la población y de la economía, y así evitar problemas como congestionamiento vial, falta de recursos, contaminación y desorden urbanístico. Además, podrán minimizar riesgos ante desastres naturales.
El problema que enfrenta nuestro país es que solo la mitad de los 82 cantones tienen estos instrumentos. Muchos con estudios desactualizados. Además, 21 municipios ni siquiera han empezado la elaboración de sus planes reguladores.
La base de datos fue colgada en el sitio web www.snitcr.go.cr. Ahí los planificadores municipales tienen acceso a información geográfica temática estandarizada, georreferenciada y compatibilizada en materia de ordenamiento territorial.
Antes, los gobiernos locales debían acudir uno a uno a instituciones como el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), entre otras entidades, para obtener la información.
“Nos hemos tomado esto con muchísima seriedad, entendiendo que el ordenamiento territorial no solo nos permite una mayor adaptabilidad en las comunidades, sino también disminuir riesgos, bajar vulnerabilidades, reactivar la economía y mejorar el clima de inversión, así como la calidad de vida de todos los costarricenses”, afirmó la primera dama, Claudia Dobles.
Pasos
El despacho de Dobles, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), trabajaron en la elaboración de esa plataforma.
Habilitar ese espacio también fue una orden girada por la Contraloría General de la República (CGR) ante el rezago histórico en los planes reguladores, delegados a los municipios en la Ley de Planificación Urbana de 1968.
Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) valora esta plataforma como un avance, ya que solventa “la falta de coordinación” que ha existido entre las instituciones competentes y los municipios.
“Reconocemos que este gobierno ha trabajado técnicamente con las municipalidades para hacer inventarios, reconocer los territorios, organizar y desentrabar los procesos”, señaló Porras.
Otro de los puntos que permite un mejor avance en estos procesos, según la vocera de los ayuntamentos nacionales, fue la decisión de la Sala Constitucional de rechazar una acción interpuesta contra un decreto ejecutivo de 2015, que agilizaba la elaboración de planes reguladores.
Esa normativa permite a los gobiernos locales presentar sus estrategias con la información disponible, mientras hacen otros estudios que tardan años y cuestan millones.
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La acción retrasó la implementación de ese decreto hasta diciembre de 2018, cuando los maigistrados dieron luz verde al reglamento firmado por el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, que ahora el actual gobierno le da continuidad.
“Antes de que se liberara el decreto, si Setena rechazaba una propuesta de plan regulador únicamente la archivaba. Nosotros lo que decíamos e insistíamos era en que se estaban perdiendo los recursos y el tiempo. Ahora, los municipios pueden retomar esos estudios y actualizarlos”, afirmó Porras.
Según el Gobierno, a partir de que la Sala Constitucional dio luz verde a esa normativa, se han otorgado cuatro viabilidades ambientales para planes reguladores, también han entrado a Setena otros cuatro expedientes de municipios para su revisión.
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