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Los vecinos del precario Miravalles 2, en Tirrases de Curridabat, prendieron fuego a los restos de sus viviendas en protesta por el desalojo que se ejecutó este 29 de octubre, por orden del Ministerio de Salud.
La medida responde a una orden de la Sala Constitucional, dada mediante resolución N.º 2019-012231, según la cual se debía desalojar la zona porque había sido declarada de vulnerabilidad por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Municipalidad de Curridabat, desde el 2007.
“El lugar está ubicado en una zona montañosa, de difícil acceso, por la topografía y calles angostas. Cuando llegamos a la escena vimos una casa de unos 60 metros cuadrados completamente consumida por el fuego. Estaban dentro de un área de escombros, producto del desalojo”, señaló el bombero Jorge Lizano.
Por la complejidad del sitio, la unidad de bomberos tuvo que estacionarse a 200 metros y lanzar un tendido de mangueras para controlar las llamas y evitar que se propagaran.
Sin embargo, una vez controlado el incendio, los desalojados quemaron otras estructuras, con el riesgo de que el fuego se expandiera por la ladera y afectara otras viviendas cercanas que no estaban en el proceso de desalojo.
La situación fue atendida por 14 bomberos en cuatro unidades, así como una unidad de paramédicos para atender posibles afectaciones por la inhalación de humo o heridas.
110 familias en Miravalles 2
En el precario Miravalles 2 residían 110 familias compuestas por 211 mujeres y 185 hombres. En 72 hogares residían personas menores de edad, en 10 había personas adultas mayores y en 11, personas con discapacidad.
Desde julio, el Ministerio de Salud entregó las órdenes sanitarias para el desalojo de estas familias. Para ello se contó con el apoyo de autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Vivienda y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Estos profesionales atendieron y asesoraron a los vecinos que fueron notificados.
Como parte de ese acompañamiento, desde agosto pasado, el IMAS brindó apoyo económico a las familias que cumplieron con ciertos requerimientos para que se trasladaran.
De acuerdo con Salud, el desalojo era necesario en este momento, porque según estudios el riesgo del terreno se había incrementado, debido a condiciones climatológicas, crecimiento de la población e implantación de viviendas en condiciones irregulares de edificación y planificación urbana.
