Las cooperativas de salud Coopesana, Coopesalud y Coopesain anunciaron que presentarán una querella contra la exdiputada Rocío Alfaro por presunta difamación y daño reputacional, tras sus declaraciones sobre supuestos sobreprecios y el manejo de recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las organizaciones cuestionan las manifestaciones que Alfaro realizó el pasado 8 de noviembre, frente a las oficinas centrales de la CCSS, en San José, así como sus publicaciones en redes sociales. Según las cooperativas, la exlegisladora las acusó de pretender apropiarse de recursos de la institución.
Mediante un comunicado de prensa, las tres entidades rechazaron esos señalamientos por considerarlos falsos y perjudiciales para su reputación. Además, anunciaron que preparan acciones legales por presunta difamación de persona jurídica, con fundamento en el artículo 153 del Código Penal.
Sergio Castillo, abogado y vocero de Coopesalud, aseguró que las organizaciones consideran inadmisibles las afirmaciones de Alfaro. También sostuvo que los procedimientos de contratación pública deben abordarse desde criterios técnicos y mantenerse al margen de disputas ideológicas o sindicales.
Las cooperativas argumentaron que las declaraciones de la exdiputada afectan la confianza pública en organizaciones que, según indicaron, mantienen una relación de 39 años con la seguridad social y prestan servicios a más de medio millón de costarricenses.
Rocío Alfaro responde a las cooperativas
Consultada por La Nación, Alfaro aseguró que no recibió ninguna notificación oficial sobre la querella anunciada por las tres cooperativas y manifestó sorpresa por la decisión.
La exdiputada defendió sus declaraciones y rechazó que constituyan difamación.
Alfaro explicó que sus cuestionamientos se relacionan con el caso Barrenador, una investigación penal sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para administrar Ebáis de distintas áreas de salud de la CCSS.
Según indicó, sus afirmaciones se sustentan en documentos conocidos por la Junta Directiva de la Caja y la Asamblea Legislativa, relacionados con presuntos sobreprecios y posibles favorecimientos en la adjudicación de esos contratos.
La exlegisladora sostuvo que informar sobre los riesgos para los recursos de la seguridad social constituye una responsabilidad frente a las personas que financian la institución mediante sus cotizaciones.
“No nos parece que sea difamatorio porque está sustentado en la realidad, en una realidad que ha sido conocida e informada a la población. Esperaremos qué es lo que tienen ellos que aportar o qué decir, pero de nuestra parte, pues, muy tranquilos de estar haciendo lo que corresponde como persona que ha logrado acceder a información que tal vez no toda la población tiene”, expresó Alfaro.
Cooperativas rechazan señalamientos sobre sobreprecios
En su comunicado, Coopesana, Coopesalud y Coopesain también defendieron los procesos de contratación de servicios de salud y rechazaron las acusaciones relacionadas con supuestas irregularidades en las adjudicaciones.
Las organizaciones atribuyeron los retrasos en los procedimientos de contratación a problemas técnicos en el área de contabilidad de costos de la CCSS, incluidos registros que consideran erróneos.
Según las cooperativas, estas dificultades ponen en riesgo la continuidad y calidad de los servicios de salud para la población.