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Mientras el país explora soluciones al caos vial que ahoga las principales rutas nacionales, 82 inspectores municipales de tránsito buscan poner orden en las calles de 14 cantones.
Estos nuevos aliados de la Policía de Tránsito procuran evitar que los choferes se estacionen en línea amarilla, regulan el paso en zonas de congestionamiento y velan por el orden en las escuelas a las horas de entrada y salida. Sin embargo, tienen potestades para muchas otras tareas, excepto atender accidentes.
“Ahora, en las horas pico de las mañanas y las tardes, es más fluido el paso de los vehículos. Heredia está muy lleno de carros y las calles son muy angostas, entonces cuando la gente parquea en línea amarilla se hace mucha presa, o los buses no pueden dar vuelta en las esquinas. Eso lo estamos regulando”, manifestó Steven Arias, inspector municipal de Heredia, cuya oficina de Tránsito opera desde hace un año.
“Se ha ordenado bastante el caos vial que había dentro del casco central, y hemos logrado que los carros transiten en dos carriles, al mover a la gente que está en línea amarilla y dejando solo la línea blanca como parqueo”, aseguró.
Las otras municipalidades que ya tienen un cuerpo policial de tránsito son Belén, San Rafael de Heredia, Barva, Santa Ana, Mora, Desamparados, Alajuela, La Unión, Cartago, Santa Cruz y Garabito. Mientras San José y Moravia se sumarán al plan en agosto, aún quedan 67 municipios por entrar.
En ninguna de las comunidades la función de tránsito releva a los policías municipales de todas sus otras obligaciones. Por esa razón, cada cantón busca estrategias para atender las necesidades.
A los 53 inspectores que ya ejecután esas tareas se unirán, en agosto, 29 funcionarios más, cuando terminen la capacitación de 482 horas en la Dirección Nacional de la Policía de Tránsito (DGPT). Entre ellos están, 18 que fundarán la División de Tránsito de la Municipalidad de San José y el primer oficial de Moravia.
Para Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, estos cuerpos municipales se han convertido en un gran complemento para los oficiales adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), principalmente, porque dan apoyo en las labores de ordenamiento vehicular, mientras los policías “nacionales” se concentran en atender las colisiones y demás percances.
El jerarca, sin embargo, no se opone a que también se les den facultades para realizar mediciones e informes en caso de accidentes.
“Así debería ser, si lo que queremos es reconocerle a las municipalidades esa autonomía que ya tienen según el Código municipal. Lo ideal sería darles la competencia completa: que ellos atiendan colisiones en los cantones y la Dirección de Tránsito en las rutas nacionales”, manifestó.
Con él coincide José Luis Cordero, jefe de la Policía de Tránsito Municipal de La Unión, en Cartago, pues considera que la medida permitiría reducir la afectación a los demás choferes cuando se produzcan accidentes.
“A nosotros económicamente no nos beneficia en nada, pero sí que vamos a poder agilizar el proceso”, comentó.
Costos e ingresos. Mario Arias, jefe del área de Seguridad de la Municipalidad de Heredia, no está tan seguro de la conveniencia. Para él, el costo de mantener una policía municipal es sumamente alto, y los recursos con que cuentan ahora no bastarían para tener que atender accidentes.
Según la normativa actual, cada municipio debe hacerle frente a los costos de mantener a su equipo de inspectores de tránsito: desde los salarios hasta el equipo que necesitan para trabajar.
De las multas que realizan, un 40% queda en poder de la municipalidad, y el otro 60% pertenece al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). No obstante, los gobiernos locales difícilmente logran recaudar la totalidad de lo que les corresponde.
“Nos entra el 40% de los partes de quienes voluntariamente pagaron, porque Cosevi no tiene mecanismos para obligar al cobro. El año pasado, de junio a diciembre hicimos ¢9,5 millones, pero con ese dinero hay que mantener a los funcionarios, pintar y señalizar Cartago. Si una municipalidad pensó que esto es un negocio, se equivocó”, comentó Joanna Siles, jefa del Área de Seguridad Comunitaria del Ayuntamiento cartaginés.
Con la intención de que los municipios tengan más recursos para mantener sus cuerpos policiales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) preparó una propuesta de proyecto de ley, que pretende que el porcentaje de los partes que queda en el cantón aumente a 80%. El texto, además, busca dar autoridad a los inspectores municipales para atender accidentes.
“Proponemos la medida para paliar el tema vial que estamos viviendo en el país. El Gobierno no sé de dónde va a sacar más plata, para más plazas de Policías de Tránsito, pero nosotros podemos ayudar y no tenemos que contraer deudas. Lo que necesitamos es que el Gobierno destrabe esos recursos”, expresó Jonathan Espinoza, director general de la ANAI.
La propuesta, según Espinoza, se presentaría el lunes.
Cambiar la cultura vial. En opinión de los inspectores, uno de los aspectos más difíciles de la labor es luchar contra una pobre cultura vial.
Prueba de ello son los múltiples ataques que los inspectores reciben cada día, verbales y físicos.
Uno de ellos lo sufrió el oficial Neriker Rodríguez, en Cartago, el 24 de febrero. Durante la rutina diaria de control vial, el inspector detectó un vehículo sin la identificación del marchamo, ni la de la revisión vehicular. El chofer, quien tampoco portaba licencia de conducir, se molestó ante el abordaje del inspector, y lo atropelló, llevándolo sobre la tapa del motor por 100 metros. Rodríguez tuvo que lanzarse a la calle para evitar sufrir una lesión más grave.
“Yo podría decir que un 70% nos irrespetan, es bastante, y un 30% de los usuarios entienden que sólo estamos haciendo nuestro trabajo”, opinó su compañero Mario Camareno.
No obstante, por ese mismo motivo, algunos cuerpos municipales de tránsito han optado por no enfocarse solo en medidas sancionatorias, sino también de educación vial y de contacto con la comunidad.
La Municipalidad de La Unión, por ejemplo, imparte charlas educativas sobre vialidad en las escuelas, y logró coordinar con el sector comercial de la zona para establecer horarios de carga y descarga de mercadería, para que los camiones no compliquen las presas.
Cartago creó una escuela vial, donde se ofrecen charlas educativas a estudiantes, y además se imparte el curso teórico para realizar el examen de manejo, de forma gratuita. En las calles, los oficiales prefieren los llamados de atención a la amonestación inmediata.
“Tratamos de que la sanción sea la última medida. Los oficiales van en ruta, y cuando ven alguien estacionado en línea amarilla, con el claxon avisan al conductor que tiene solo momentos para retirarse. Si ya el conductor, ante este llamado, no hace caso, el oficial procede a hacer la regulación respectiva”, explicó Joanna Siles.
Pese a los esfuerzos porque la educación poco a poco reemplace el castigo, las multas siguen siendo la forma más efectiva de llamar a la conciencia.
“En la Universidad Nacional (UNA), hace un tiempo, intervenimos durante dos semanas: íbamos todos los días. Hicimos unos 200 partes, pusimos rótulos y demarcamos, hasta que la gente entendió que no se puede parquear porque hay línea amarilla. Y entendieron porque les tocamos el bolsillo con los partes. Si no es con la parte económica, no entienden”, concluyó Arias.
Actualmente, también la Fuerza Pública tiene un programa de capacitación en materia de tránsito. Hay 28 en ese proceso.
Fotos de John Durán.
