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Era un secreto a voces, pero la pandemia se encargó de develarlo. La explotación laboral que sufren miles de trabajadores en fincas agrícolas de cantones fronterizos quedaron al descubierto con la atención de los brotes de covid-19 en la zona norte del país.
En esta emergencia sanitaria, representantes del Ministerio de Trabajo acompañaron a trabajadores de Salud y de Seguridad Pública a verificar las condiciones laborales de los peones.
Ricardo Marín, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, confirmó que muchos jornaleros no reciben salarios mínimos ni les pagan las horas extra. Además, deben soportar extensas jornadas y no cuentan con seguro social debido a que muchos empresarios delegan la contratación de trabajadores en un tercero.
Marín lidera, desde la semana anterior, un operativo de inspecciones laborales en fincas agrícolas de los cantones de San Carlos, Los Chiles, Upala, Sarapiquí y Pococí, entre otros.
“Hemos encontrado la figura del contratista. Ese contratista trabaja bajo la sombra de la informalidad. ¿Por qué? Tal vez la empresa principal sí tiene los trabajadores asegurados, sí tiene planillas y paga la Caja Costarricense de Seguro Social, pero a la hora de tercerizar la contratación de empleados, esos empleados no están asegurados, no les pagan salarios mínimos y en esa informalidad es donde encontramos la precarización de los derechos laborales”, manifestó.
Ese tipo de intermediación es utilizada, principalmente, en plantaciones de piña y palma africana.
“La mayoría de las personas empleadas por medio de contratistas son las que trabajan en campo abierto. Por ejemplo, las cuadrillas de recolecta. Si bien la figura de tercerización es legal, las empresas principales a veces no tienen el cuidado o la corresponsabilidad de vigilar que sus contratistas cumplan con la normativa”, explicó.
Si esta práctica es tan evidente y está detectada por las autoridades, ¿por qué no se sanciona a los infractores?
La débil legislación en materia de inspecciones laborales y la constante movilización de los contratistas son factores que dificultan establecer sanciones, según el viceministro.
Por ejemplo, desde la semana pasada, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió 25 prevenciones contra empresas por diferentes violaciones al Código de Trabajo.
Esas firmas ahora deben corregir las faltas, pero, si no lo hacen, el proceso se judicializa y no hay consecuencias hasta que un juez lo determine.
“Si no cumple en un tiempo determinado, lo que corresponde es judicializar el proceso. Es decir, con la ley que tenemos, el Ministerio de Trabajo no puede imponerle la infracción en el sitio al empleador, así como lo hace un oficial de tránsito con los conductores infractores o los inspectores de la Caja.
“Nosotros tenemos que llevarlo a un juzgado para que un juez nos dé la razón por medio de una resolución judicial. Hasta ese momento podríamos cobrar al empleador. ¿Qué pasa? en los dos años que puede tardar ese proceso, no estamos resolviendo lo más importante, que es la realidad laboral de los trabajadores (...) Ese es un lunar que tenemos”, declaró Marín.
En su criterio, es necesario legislar para fortalecer los procesos de inspección y poder sancionar de manera inmediata.
Además de la intermediación para contratar mano de obra barata, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social halló deficiencias relacionadas con salud ocupacional: ausencia de servicios sanitarios, jabón para lavarse las manos, extintores vencidos, inexistencia de botiquines y mal uso de químicos.
En una de las 25 compañías que recibieron advertencias se encontró a un menor de edad laborando y sin recibir salario mínimo.
Legal, pero con dudas
Marco Durante, abogado especialista en Derecho Laboral, explicó que la figura de tercerización no es ilegal en Costa Rica, pero no existen reglas claras sobre su manejo, lo que se presta para abusos en perjuicio de los obreros.
“Desafortunadamente, en Costa Rica, no contamos con una legislación laboral que regule expresamente la figura de la descentralización productiva o tercerización. Al no existir en el Código de Trabajo una norma que regule esa figura, ni al existir una ley especial, por supuesto, nos encontramos ante una figura que legalmente no está prohibida, pero que no tiene normas que den claridad a todas las partes sobre cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los jugadores dentro de esta figura”, expresó Durante.
Sin duda, añadió, en ese esquema el más débil es el trabajador y sería muy difícil responsabilizar a las empresas principales de los incumplimientos de los contratistas.
Este lunes, La Nación informó de que un empresario, propietario de una plantación de yuca en Pococí, Limón, mantenía a 14 migrantes nicaragüenses en un corral ganadero; allí las personas, incluido un bebé recién nacido, convivían en medio de excrementos de animales, dormían en el suelo, cocinaban en fogones y utilizaban plásticos negros como paredes.
Los extranjeros relataron que trabajaban a cambio de ¢600 por caja de yuca recolectada.
Gracias a una denuncia, las autoridades sanitarias intervinieron y detectaron que entre los migrantes había una joven de 18 años que debía estar en aislamiento desde la semana anterior, por ser un caso sospechoso de covid-19.
¿Qué dicen los empresarios?
Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Piña (Canapep), defendió el uso de la figura del contratista por ser una “modalidad” permitida en el país.
Aseguró además que Canapep vigila que sus 41 afiliados cumplan con todas las exigencias de la ley en materia laboral.
“Esta es, si se quiere, una modalidad que existe en la contratación de trabajo y viene desde hace muchos años. Yo creo que antes de que existiera la piña, ya en algún momento llegó a ser una práctica, pero ordenada.
“Desde ese punto de vista, nosotros, como Cámara hemos estado de acuerdo con la figura del contratista, pero en las condiciones que establece el Código de Trabajo. Le hemos requerido a las empresas afiliadas a Canapep el cumplimiento de la legislación laboral y ambiental”, declaró Chaves.
No obstante, en la lista de 25 empresas advertidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aparecen cuatro de los asociadas a Canapep.
Se trata de Upala Agrícola, Exportaciones Norteñas, Agroindustrial Piñas del Bosque y Bracam Pital.
Chaves señaló que, en algunos casos, las compañías solo tienen afiliadas sus empacadoras y no las plantaciones.
“Algunos, puede ser, le han dado un mal uso a la figura del contratista, lo han usado con otros fines, de contratar personal con salarios mucho más bajos de lo estipulado. Por otro lado, algunos han procurado no meterlos a la Caja, ha servido para tener mano de obra con estatus irregular y en eso la Cámara nunca ha estado de acuerdo, siempre hemos rechazado esas prácticas. Eso está contemplado en el manual técnico que tenemos para los trabajos en las fincas”, agregó el representante del sector.
Como parte del operativo de inspección realizado en los últimos días, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), detectó que 34 empresas agrícolas presentan irregularidades en el aseguramiento de sus trabajadores.
En total, en esos sitios laboran 426 personas, 233 nacionales y 193 extranjeros.
La CCSS inspeccionó 91 fincas en las regiones Huetar Norte, Chorotega y Caribe.
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, manifestó que ella desconoce el uso de intermediarios para emplear mano de obra en fincas agrícolas.
Declaró que en las firmas de su propiedad contratan de manera directa y están al día con CCSS.
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La empresaria aportó el número de cédula jurídica de sus compañías (ByC Exportadores del Valle de Ujarrás y Productos Congelados Bajo Cero S. A.). La Nación verificó que ambas están al día con la CCSS.
Este diario intentó hablar sobre este tema con Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, pero no contestó las llamadas a su teléfono.
Como resultado de las inspecciones realizadas por las autoridades hasta el lunes, 92 instalaciones de empresas agrícolas fueron cerradas, por diferentes tipos de faltas sanitarias o laborales.
Práctica conocida
El brote de covid-19 puso a la vista de la opinión pública las condiciones de trabajo de los peones agrícolas, pero el problema no es nuevo.
En 2016, una investigación de Oxfam Alemania, detectó violaciones a los derechos de los trabajadores por medio de los contratistas. Oxfam es una organización internacional con operaciones en 90 países dedicadas al combate contra la pobreza y la desigualdad social.
El análisis, dirigido en el país por Javier Aravarena y Eva Carazo, incluyó visitas a empresas productoras de piña, entrevistas a trabajadores, sindicatos, autoridades gubernamentales y revisión de artículos de prensa, entre otros.
Según el reporte, tres firmas piñeras visitadas para la investigación cancelaban entre ¢216.000 y ¢231.000 mensuales a sus trabajadores. Sin embargo, la remuneración por medio de los contratistas caía a ¢157.000 por mes. También hallaron que solo les pagaban por día laborado, es decir, el día de descanso no estaba incluido dentro del pago.
Para el 2016, el salario mínimo para los peones era de ¢231.912 por mes.
“Se omite el pago de horas extras, seguridad social y del aguinaldo, y que además se contratan a trabajadores indocumentados con el fin de no pagarles prestaciones ni cargas sociales. Estas situaciones han sido denunciadas en varias oportunidades desde el 2011 sin tener hasta la fecha ninguna resolución”, mencionó el reporte.
El sector agrícola representó entre 2007 y 2018, entre el 41% y 44% de las exportaciones costarricenses, según datos del Ministerio de Comercio Exterior.
Solo en el primer trimestre del 2019, las exportaciones agrícolas facturaron $669 millones.
