El Poder Ejecutivo ya había desistido de echar a andar reformas para ordenar los regímenes salariales del sector público.
Ahora, la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, también cerró la puerta a impulsar la alternativa del salario único para empleados del Gobierno Central como medio para reducir el gasto en sueldos.
Así lo manifestó Sánchez este miércoles, después de sostener una reunión con representantes sindicales en el Ministerio de Trabajo, donde les presentó los avances de un diagnóstico que preparó su cartera sobre el tema del empleo público.
En el encuentro participó, además, el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora.
La ministra iba a exponer ese mismo estudio este jueves ante los diputados, pero en horas de la noche comunicó que la Presidencia del Congreso trasladó su audiencia ante el plenario para el martes 22 de setiembre.
Sueldos suben gasto. El plan de salario único consistía en pagarles a los empleados del Gobierno Central un monto fijo mensual, del que se eliminarían los pluses salariales.
El costo que implica para el Estado pagar esos pluses ya superó el pago que hace de las remuneraciones básicas.
Para el 2016, el Ministerio de Hacienda presupuestó ¢5,2 billones para el pago de salarios y pluses, cifra que consume un 49,1% del plan de gastos ordinario que está en discusión.
A pesar del peso que tiene la planilla en los gastos del Gobierno, este se niega a impulsar el salario único porque por ahora no sería un factor de ahorro, afirmó la ministra Sánchez.
Alternativa descartada. Según la titular de Planificación, durante los primeros años aplicando un régimen de salario único, más bien se incrementaría el pago de la planilla estatal.
Esto porque los empleados empezarían en una calificación mayor a la del salario base actual. “Generalmente, el salario único se calcula sobre 10 anualidades. Entonces, habría que financiar ese nuevo régimen, además de los derechos adquiridos por los trabajadores en los regímenes anteriores”, justificó Sánchez.
La tesis de Planificación se acerca a la de los sindicatos, que se oponían a la propuesta.
En julio pasado, el presidente Luis Guillermo Solís declaró que desistía de impulsar reformas al empleo público porque no surtirían efectos inmediatos en las finanzas públicas sino hasta dentro de 15 o 18 años.
A diciembre del 2014, el faltante de recursos que sufrió el Gobierno para hacerles frente a sus obligaciones fue equivalente al 5,6% del producto interno bruto (PIB), por lo que los partidos de oposición sí creen conveniente una reforma al empleo público que toque el pago del salarios del Gobierno Central, uno de los disparadores del gasto.
No obstante, la ministra Sánchez considera que los cambios en el empleo público no deben enfocarse en el ámbito de las remuneraciones, pues es un problema al que ella le achaca “múltiples dimensiones”.
La hoja de ruta sobre este tema, que ella misma les presentará a los diputados, se enfoca más en fortalecer las evaluaciones de desempeño de los burócratas y en mejorar su productividad.
¿ Qué lugar ocupa el asunto de los salarios del Gobierno Central en esa agenda de discusión? Ese fue uno de los puntos que la jerarca prefirió no abordar hasta que no exponga su balance sobre el empleo público ante el plenario de la Asamblea Legislativa.
