Los sindicatos encaran una crisis. En solo dos años perdieron más de 12.000 afiliaciones, cifra que representa el 10% del total de asociados.
Las salidas no solo les restan miembros a las organizaciones sindicales, sino también representan una caída millonaria en sus ingresos mensuales, pues cada trabajador que se va deja de aportar un porcentaje de su salario base, el cual oscila entre el 0,5% y el 3% por mes.
Para setiembre de 2018, según datos del Ministerio de Hacienda, 127.329 funcionarios formaban parte de alguno de los 46 sindicatos de instituciones del Gobierno Central; ellos aportaron ese mes ¢1.320 millones por concepto de cuotas sindicales.
No obstante, los números de setiembre de 2020 muestran un panorama diferente: la cifra de miembros cayó a 114.703 y las aportaciones mensuales a ¢1.175 millones.
Los datos de Hacienda revelan un descenso constante en el número de sindicados en los últimos dos años.
De setiembre de 2018 a setiembre de 2020, los sindicatos perdieron, en promedio, 526 personas por mes. Sin embargo, las desafiliaciones se aceleraron entre marzo y setiembre del presente año, cuando salieron 7.344 trabajadores.
En marzo, las organizaciones percibieron ¢1.290 millones.
Entre marzo y setiembre de este año, los sindicatos recibieron ¢8.690 millones, en el mismo periodo de 2019 la suma fue de ¢9.090 millones y en 2018 fueron ¢9.011 millones.
¿Por qué pierden afiliados los sindicatos?
Al menos son tres las causas que señalan líderes sindicales consultados por La Nación.
Hay funcionarios con altos niveles de endeudamiento que prefieren abandonar las agrupaciones para ahorrarse la cuota mensual, además existe un clima de decepción por el fracaso de la extensa huelga de 2018 contra la reforma fiscal y podría haber molestia por la poca renovación de los cúpulas de las organizaciones.
Asimismo, reconocen dificultades para afiliar a funcionarios jóvenes, por lo que consideran una campaña de desprestigio en los medios de comunicación.
“Tenemos 20 años sin aumentos de salario, lo que hacen es ajustar el salario con respecto a la inflación. Entonces, los trabajadores optan por desafiliarse del sindicato para ahorrarse la cuota, quedándose sin oportunidad de defensa”, expresó Edgar Morales, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), respaldó ese argumento.
“La mala situación económica de algunos empleados públicos son la principal explicación, otra es que muchos servicios que requiere el Estado se han tercerizado, en muchas entidades la limpieza, la seguridad, la jardinería y muchos otros puestos se han dado a empresas privadas y eso ha restado gente (...) Otra explicación importante es que hubo una campaña de desprestigio contra los sindicatos”, declaró Rojas.
Homer Alfaro, vocero de la Unión Nacional Técnicos y Profesionales en Tránsito, reconoció que encaran problemas para cobrarle a los afiliados la membresía debido a la cantidad de deudas de muchos de sus compañeros.
“Tenemos una lista de personas a las que no les alcanza el salario para pagar la cuota, esa es la primera causa que identificamos (...) Algunos dicen que renuncian porque dicen que necesitan más liquidez, hay diferentes motivos”, comentó.
Zaray Esquivel Molina, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), también apuntó al factor económico como una causa de desafiliación.
“En el caso de nosotros lo que más aduce la gente es una situación económica. Por ejemplo, que despidieron a un familiar y que han tenido que hacerse cargo de esas personas. Dentro del control que llevamos nosotros esa es una reiteración, la explicación económica”, expresó la dirigente.
A raíz de la desafiliación de los últimos meses, APSE tuvo que reajustar su planilla, especialmente en los centros de recreación que permanecen cerrados por la pandemia.
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Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, confirmó que muchos funcionarios enfrentan inconvenientes económicos que les dificulta cumplir con el aporte mensual exigido por los gremios.
“Desde el mes anterior, aplicamos un artículo de la Ley de Protección al Trabajador que habla de respetar el salario mínimo, entonces el sistema informático hace una validación para que a la persona le queden, por lo menos, el salario mínimo, pero cerca de la quinta parte de los funcionarios están en una condición de que, ni siquiera, les llega ¢100.000 por quincena”, aseveró.
Este diario intentó conocer los argumentos sobre este tema del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), pero no respondieron las consultas enviadas.
De acuerdo con Hacienda, los sindicatos del Magisterio Nacional concentran entre el 75% y 80% del total de afiliaciones sindicales de las instituciones de Gobierno Central.
Larga huelga sin resultados
Todos los representantes sindicales consultados señalaron la huelga de 2018 contra la reforma fiscal como otro de los detonantes de la deserción.
El 30 de agosto de 2018, en una conferencia de prensa en la que participaron los líderes de los principales sindicatos del país, anunciaron una huelga indefinida a partir del 10 de setiembre de ese año.
Conforme pasaron las semanas, el movimiento se desgranó. Los sindicatos de maestros fueron los que mostraron mayor resistencia al permanecer por más de tres meses sin laborar.
Una de las consecuencias más severas de esa protesta fue la paralización del curso lectivo, lo cual desembocó en rezagos para los estudiantes, los que persisten hasta la fecha.
A pesar del movimiento, el Poder Ejecutivo logró la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De ahí que el resultado de la huelga fue considerado por muchos sindicalistas como una derrota.
“Mucha gente optó por dejar el sindicato porque perdimos esa lucha (...) llegamos a poner un millón de personas en San José durante una protesta, pero solo llegamos a asolearnos. Una huelga no se puede prolongar tanto porque el movimiento se desgasta”, consideró Morales, de larga trayectoria sindical.
“Hubo diferencias sobre cómo se llevaba el movimiento de huelga en ese momento, eso provocó un desgaste frente a la opinión pública y se cree que todos los dirigentes sindicales tenemos una misma visión sobre cómo afrontar los problemas del país”, señaló la dirigente de Siteco.
APSE coincidió en relación con los efectos de la huelga del 2018 sobre las filas sindicales, pero también cree que influyó la aprobación, en enero de 2020, de la legislación para frenar abusos durante estos movimientos.
Esa normativa permite declarar ilegales las huelgas en los servicios públicos esenciales, como salud, seguridad, comedores escolares y suministro de combustibles.
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También establece que los patronos no estarán obligados a pagar los salarios a los huelguistas, así como estos últimos estarán obligados a prestar sus servicios.
Los salarios serían reintegrados únicamente si un juez declara legal el movimiento.
“Yo diría que hay descontento porque se perdió la huelga de 2018 y también por la aprobación de la ley que restringe los movimientos de huelga. Entonces, mucha gente considera que no vale la pena estar dentro de un sindicato”, expresó Esquivel.
Para Morales, también influyen “algunos comportamientos y actitudes sindicales” por parte de algunos líderes con hasta 35 años de ejercer.
"Parece que el sindicato es una pulpería a su nombre, pero eso es lo menos”, dijo.
Derecho a sindicalizarse
El artículo 60 de la Constitución Política establece el derecho de los trabajadores a formar parte de los sindicatos.
La normativa nacional indica que para conformar de manera legítima un sindicato el presidente o secretario de la agrupación debe enviar una solicitud a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con copias auténticas del acta constitutiva y estatutos. Esa petición debe precisar el nombre y apellidos de las personas que integran la Junta Directiva.
La Junta Directiva debe estar conformada por nacionales, extranjeros casados con costarricenses o personas con más de cinco años de residencia en el país.
Si la organización cumple con todos los requisitos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe emitir un certificado para la operación de la organización frente al patrono.