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Limón. El Poder Ejecutivo tendría que endeudarse para pagar liquidaciones en caso de que tuviera que cesar empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), ante la posible pérdida de clientes por la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín.
Así lo reveló el presidente de la República, Carlos Alvarado, a La Nación durante la gira que realizó este fin de semana a Limón.
“La plata para liquidar a los trabajadores tendría que venir de deuda pública. Nosotros lo que estamos buscando es eficiencia, conservando el recurso humano y colocándolo donde se requiere o ampliando operaciones en Japdeva, pero esas son las opciones que estamos manejando en este momento”, aseguró Alvarado.
En agosto anterior, fue el mismo mandatario Alvarado quien firmó una directriz con el objetivo de reacomodar a unos 600 empleados de Japdeva en otras instituciones estatales.
No obstante, a dos semanas de que Terminal de Contenedores de Moín inaugure oficialmente su operación con dos puestos de atraque y acapare el negocio de la portuaria estatal, no se ha concretado ningún traslado.
“Se han perfilado 300 personas de Japdeva y ya hay una veintena de casos en que se está finiquitando los traslados. Esa sigue siendo una opción vigente, pero nosotros seguimos en el trabajo para dar garantía de que las personas que están en Japdeva conservarán su trabajo en otra institución, o tendrán opciones laborales siempre garantizando sus derechos”, mencionó Alvarado.
Los llamados traslados horizontales de trabajadores de Japdeva a otras instituciones son opcionales, por lo que el empleado no podrá ser movido a otra entidad pública sin su consentimiento.
En 2011, durante el gobierno de Laura Chinchilla, Japdeva reservó ₡10.000 millones para el pago de prestaciones a unos 900 trabajadores de la administración portuaria.
No obstante, durante la administración de Luis Guillermo Solís, la institución portuaria destinó los recursos para la compra de dos grúas post-panamax y otros equipos portuarios.
El objetivo era que los ingresos generados por la institución ayudaran a recuperar el dinero a esta altura, sin embargo, eso tardará cerca de dos años más, según reconoce Japdeva.
Actualmente, la entidad cuenta con una planilla de 1.230 trabajadores. En 2017, esa institución destinó el 60% de sus ingresos para pagar salarios, esa cifra correspondió a ₡30.900 millones, de los cuales ₡11.000 fueron pluses para sus empleados.
Pérdida de carga
A partir del 28 de febrero próximo, todos los buques portacontenedores tipo fully cellular deberán almacenar y desalmacenar sus mercancías en la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por la firma holandesa APM Terminals, según establece el contrato de concesión.
A pesar de que el Gobierno había estimado que la Terminal de Contenedores de Moín acapararía el 70% de la carga comercial que pasa por Limón, el presidente ejecutivo de Japdeva, Greivin Villegas, evita referirse a la afectación que tendrá la entidad portuaria.
“Sí, se tiene una estimación. Para el último mes de diciembre tuvimos una merma de ₡1.500 millones, pero eso no necesariamente nos puede permitir hacer una proyección”, aseguró Villegas.
El panorama de distribución de clientes todavía no está claro en Limón, al menos para la entidad portuaria y los trabajadores estatales. Incluso, el Consejo Nacional de Concesiones evalúa una denuncia del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) que acusa a APM Terminals de atender buques diferentes a los permitidos por el contrato de concesión.
“El contrato de concesión no habla de carga, habla de una modalidad de buque. Eso hace que existan varias interpretaciones y por lo visto APM y todo el mundo tiene su propia expectativa”, dijo Villegas.
Desde que el Consejo Nacional de Concesiones giró la orden de inicio de operación de la Terminal de Contenedores de Moín, en octubre anterior, APM Terminals ha atendido más de 40 buques portacontenedores.
