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El tercer intento para ordenar el crecimiento urbano en la Gran Área Metropolitana (GAM) está varado en la Sala Constitucional, desde diciembre.
Un grupo de ambientalistas presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Plan GAM 2013-2030, aprobado en enero de 2014, por considerarlo contrario a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Este reglamento es una guía para que los 31 municipios que conforman la GAM, elaboren sus planes reguladores.
La acción, interpuesta por Álvaro Sagot, Allan Astorga y Eduardo Brenes, el 18 de diciembre de 2014, argumenta que el Plan GAM carece de viabilidad ambiental, permite edificios sin límite de altura, no exige a las edificaciones contar con planta de tratamiento de aguas residuales y faculta a los gobiernos locales a autorizar construcciones en zonas de protección.
La acción fue admitida por los magistrados, el 28 de enero, para ser estudiada. La investigación está a cargo del jurista Luis Fernando Salazar.
“No es una oposición a que se construyan edificios menos o más altos, es que se construyan edificios acordes a la infraestructura de la ciudad, acorde a su sistema de alcantarillado y demás”, manifestó Brenes.
Según la gestión, el reglamento se tramitó con la viabilidad ambiental del proyecto Planificación Regional y Urbana (Prugam) presentado en 2009 y dirigido por Brenes.
“Los contenidos del Plan GAM dicen que se apoyan en la viabilidad ambiental del Prugam, pero cuando uno entra a ver los contenidos, no es cierto, no son consecuentes”, agregó Brenes.
En pausa. Daniela Ávila, abogada del Ministerio de Vivienda, expresó que la implementación del Plan GAM está a la espera del criterio de los magistrados.
“Esto nos tiene en espera, porque no podemos tocar una norma que, en este momento, está cuestionada (...). Si usted tiene una norma que está cuestionada e invierte tiempo en modificarla y en dos meses la Sala Constitucional dice: ‘Toda la norma está derogada’, no tiene ningún sentido invertir tiempo en ella”, manifestó Ávila.
Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, aseguró que algunas de las objeciones de los ambientalistas no tienen razón de ser. Citó el ejemplo de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
“Hay que entender que esto (el Plan GAM) y los planes reguladores están dentro de una legislación nacional. Me causa risa que digan que no se obliga a tener plantas de tratamiento, cuando, en realidad, la legislación nacional, por medio de miles de leyes, obliga a tenerlas”, señaló Pujol.
Tropiezos. Desde hace más de una década, el país ha invertido $22 millones en un reglamento para regular las 43.000 hectáreas que conforman la GAM.
No obstante, diferencias de criterio entre varios sectores económicos han impedido la implementación de una propuesta.
El primer plan en ser rechazado fue el Prugam, el cual enfrentó cuestionamientos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de municipios y de los desarrolladores inmobiliarios.
La misma suerte corrió el Plan de Ordenamiento Territorial (Potgam).
