Los representantes del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que agrupa entre sus agremiados a funcionarios del sector salud y educación, anunciaron este martes que irán a huelga indefinida a partir de la primera semana de febrero.
La medida de protesta obedece al anuncio de convocatoria para debate del proyecto de ley 19.506, que pretende regular el empleo público.
LEA: ¿Qué propone el proyecto de ley de empleo público para 8 pluses salariales?
Gilberto Cascante, representante de la Asociación Nacional de Educadores, aseguró que solo desistirían del movimiento si el proyecto es retirado de la Asamblea.
"Nos reunimos con compañeros de SEC, APSE, y ANDE y estamos en conversaciones de que si tenemos que llegar a las consecuencias de que no abra el curso lectivo, así lo hará el sector magisterial. Es casi que posible que el curso se esté cerrando. Los padres tienen que prepararse y comprar útiles, pero queremos que sean conscientes de que estamos luchando por derechos de los trabajadores", afirmó Cascante
Incluso, según dijo, las universidades estatales se unirían al movimiento.
Por su parte, Edwin Solano, secretario de la Unión Médica Nacional, afirmó que el movimiento pretende paralizar todos los servicios de salud del país.
"Todos los asegurados deben entender que hemos negociado hasta el cansancio para no llegar a una situación de confrontación social; sin embargo, nos están obligando a eso. Eso significa que el sector de la salud se va paralizar y vamos a atender únicamente las emergencias calificadas. Le estamos avisando al pueblo para que en la consulta externa y las que no tienen que ver con emergencias para que ni siquiera vayan porque no vamos a tener médicos ni trabajadores ahí", afirmó Solano.
El proyecto de la diputada liberacionista Sandra Piszk regularía el otorgamiento de beneficios salariales que se pagan en las instituciones del sector público, como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía.
La ley regiría para funcionarios de todos los poderes, incluyendo instituciones autónomas, municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
