La Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Preescolar Costarricense (Sipreesco) respondieron a la presidenta Laura Fernández, tras las críticas lanzadas contra los funcionarios que participaron en la huelga del 11 de noviembre. Las organizaciones rechazaron los insultos y defendieron las razones que motivaron la protesta.
Durante la conferencia de prensa del miércoles en Casa Presidencial, Fernández llamó vagabundos a los manifestantes, calificó la protesta como “un puñal en la espalda” y se refirió a los dirigentes sindicales como “sanguijuelas”.
Adelantó que rebajaría el salario a los asistentes a la protesta por considerar que era ilegal.
La movilización reunió a docentes, estudiantes y representantes sindicales en San José. Los participantes exigieron mayor presupuesto para la educación pública, el pago de deudas estatales, ajustes salariales y pensiones dignas.
ANDE cuestiona rebajo de salario
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) emitió un comunicado este jueves 12 de noviembre, dirigido a la presidenta Fernández y al ministro de Educación, Leonardo Sánchez.
La organización rechazó el trato hacia los funcionarios y sostuvo que sus demandas responden a problemas pendientes en el sistema educativo.
Entre ellos mencionó deudas salariales por recargos relacionados con el salario global desde el 2023, así como dificultades con los horarios y la carga administrativa del personal docente.
ANDE aseguró que mantiene disposición al diálogo con las autoridades y recordó su participación en procesos para resolver asuntos laborales.
Sobre los rebajos anunciados por el Ejecutivo, el sindicato argumentó que la legalidad o ilegalidad de una huelga debe determinarla un juez. También cuestionó las advertencias del Gobierno antes de una resolución judicial.
La agrupación pidió a las autoridades reconsiderar sus declaraciones y respetar los derechos de los trabajadores.
APSE advierte de que no participará en reuniones utilizadas para aparentar diálogo
El presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Dennis Solís Cruz, también cuestionó las expresiones de Fernández y defendió la participación de los educadores en la marcha.
Solís señaló que muchos docentes trabajan en centros educativos con infraestructura deteriorada, recursos insuficientes y atrasos salariales. Según el dirigente, algunos incluso organizan rifas y bingos para atender necesidades de las instituciones.
También destacó que trabajadores de distintas regiones del país viajaron hasta San José para exigir mejores condiciones laborales y mayor inversión educativa.
El dirigente advirtió de que APSE no participará en reuniones que, a criterio de la organización, pretendan utilizar la presencia sindical para proyectar una imagen de diálogo sin atender las demandas del sector.
Además, recordó las críticas que recibieron los educadores durante la huelga del 2018 y aseguró que mantendrán las movilizaciones cuando consideren amenazados sus derechos.
Sindicato de Preescolar rechaza calificativos contra manifestantes
El Sindicato de Preescolar Costarricense (Sipreesco) también se pronunció mediante sus redes sociales y respaldó a las educadoras que participaron en la protesta.
La agrupación sostuvo que salir a manifestarse constituye una forma de defender los derechos laborales y la educación pública, por lo que rechazó que esa participación se califique como vagancia.
El sindicato destacó la presencia de sus afiliadas, quienes asistieron con camisetas lilas, y reiteró sus principales demandas: igualdad salarial, presupuesto para educación y pensiones dignas.
MEP presentó informe para determinar legalidad de la huelga
La reacción de los sindicatos ocurre mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) tramita un procedimiento para determinar la legalidad del movimiento.
Según el corte de las 11 a. m. de este jueves, el MEP contabilizó 36.994 ausencias, equivalentes aproximadamente a entre el 30% y el 35% de su personal.
La institución también reportó 175 comedores escolares cerrados, problemas de limpieza y seguridad en más de 800 centros educativos y afectaciones en la atención de 438 estudiantes con discapacidad.
El ministro Leonardo Sánchez informó de que el MEP trasladó documentación a la Procuraduría General de la República para su remisión al Juzgado de Trabajo.
Esta instancia deberá determinar la legalidad o ilegalidad de la huelga del 11 de noviembre.