Los taxistas formales se tirarán, este lunes, a las calles para protestar contra la operación de la firma transnacional Uber.
Los conductores tomaron la decisión, este domingo en la noche, luego de que fracasara una negociación con funcionarios del Gobierno, en Zapote.
Los choferes estarán en las vías, a partir de las 5 a. m., en sitios como el centro de San José, Tibás, Escazú, Desamparados y los alrededores del parque de la Paz. El grupo de transportistas será reforzado por colegas de otras partes del país.
Según los dirigentes gremiales, la protesta será “pacífica” y prometen que no habrá bloqueos ni tortuguismo.
Los taxistas exigieron en la cita de este domingo a los representantes del Poder Ejecutivo desactivar la aplicación de Uber, la cual le permite realizar servicios de transporte.
Marcelo Jenkins, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), descartó el bloqueo de la aplicación, pues no es “jurídicamente viable en un país democrático.
Eso sí, una vez más, el Gobierno de la República afirmó que el servicio de transporte de Uber es ilegal y si se comprueba su prestación, los conductores pueden ser sancionados por la Policía de Tránsito.
Las autoridades reiteraron que no permitirán bloqueos de las carreteras ni tortuguismo. Por eso motivo, alertaron a las instancias policiales.
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Ante la negativa del Ejecutivo de bloquear la aplicación de Uber, los voceros de los taxis rojos comunicaron su intención de demandar penalmente a la compañía transnacional.
“Creemos que la Fiscalía debe ordenarle a los bancos que le informen cuántas personas han recibido pagos por parte de esa empresa para que se les acuse penalmente por prestar un servicio ilegal”, dijo Rubén Vargas de la Unión de Taxistas.
Sobre la mesa de negociación estuvo también el pedido de los taxistas formales de sancionar a piratas y porteadores, renovar permisos vencidos de transporte a unos 700 afiliados.
El Ejecutivo aseguró anoche que remitirá la solicitud a las entidades públicas encargadas.
La empresa Uber inició operaciones en el país en agosto del 2015. Desde su ingreso al país, el Gobierno ha insistido en ilegalidad del servicio y su autorización debe ser tramitado ante el Consejo de Transporte Público.
El martes 26 de enero, Uber anunció la instalación en el paós de su centro de servicios al cliente para América Latina, con una inversión de $3,5 millones y la generación de 300 empleos.
"Los servicios de transporte que Uber ofrece en el país están al margen de la ley. Por esa razón, cualquier actividad conexa que facilite la operación de Uber, aunque técnicamente pueda ser legal, será exhaustivamente investigada para impedir que se apoye el funcionamiento de un negocio que es ilegal", expresó en un comunicado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).