Uno de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afirmó, este martes, haber recibido denuncias de presuntos hechos irregulares, incluido el pago de favores sexuales a personal de la entidad, por el trámite y otorgamiento de contratos en telecomunicaciones.
La Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec) aseguró, en un comunicado, que desde el 2018 inició diligencias de investigación.
Sus hallazgos, dijo, los puso en conocimiento de la Administración Superior y Auditoría Interna del ICE, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República. Se relacionaban con supuestos negocios ruinosos en los que, en apariencia, podrían haberse dado delitos de cohecho impropio (sobornos), fraudes de ley y malversación, entre otros.
Tales negocios, señaló, serían resultado de acciones promovidas por dos o más funcionarios quienes pudieron actuar de manera concertada para duplicar la necesidad de redes de transporte de Internet, plataforma de televisión por suscripción (compra de Cable Visión y servicios de Internet KaTv) e incluso creando centros de datos sin necesidad; todo con presuntos vicios de legalidad para favorecer a ciertos proveedores.
Según Anttec, estas actuaciones podrían considerarse como delincuencia organizada.
La organización gremial indicó haber recibido reiteradas denuncias de “almuerzos de negocios” en un restaurante localizado cerca del Parque Metropolitano La Sabana, donde supuestamente personal del ICE habría recibido favores de carácter sexual.
“Sí señores, es de ustedes que hablamos. Ustedes saben a quiénes dirigimos este párrafo, ustedes no deberían dormir tranquilos, ustedes que avergüenzan la gestión honesta transparente y ética de la mayoría de trabajadores del ICE”, manifestó la organización gremial ante consultas de La Nación.
Ante la denuncia, el Instituto informó esta tarde de que la Administración presentó entregó a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, información sobre dos posibles actos de corrupción en su negocio de Telecomunicaciones.
“El ICE ha procedido de manera proactiva con las indagaciones asociadas a estas posibles irregularidades, y las remitió a las autoridades judiciales para su debido trámite. Esta es la línea que ha caracterizado desde 2018 a la actual administración, indicó en un comunicado.
En su mensaje, la empresa afirma que repudia cualquier posible acto ilegal asociado a alguno de sus funcionarios y actuará con firmeza en las vías que correspondan, pero agregó que esas presuntas actuaciones no representan a la institución ni a todo aquel personal.
“El Instituto reitera su posición de transparencia, cero tolerancia ante la corrupción y respaldo a las investigaciones de los tribunales y otras autoridades”, indica el comunicado.
No obstante, aclaró que no puede referirse a los casos por estos se hallan en investigación.
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Otros procesos
En este momento, la Fiscalía desarrolla al menos dos investigaciones en relación con negocios realizados por el Instituto.
En uno de los casos, se investiga si con la decisión del ICE de comprar la empresa Cable Visión se habría incurrido en delitos de malversación de fondos públicos e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Las pesquisas se siguen bajo dos expedientes; el 18-000122-1218-PE, que se abrió en setiembre, y el 18-000167-1218-PE, de noviembre.
Ambos casos están a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra persona ignorada, confirmó el departamento de Prensa del Poder Judicial.
También se investiga si el ICE atentó contra la Hacienda Pública en la negociación de una multa por $6,7 millones que le aplicó a Huawei, luego de que la empresa china incumpliera parte de un millonario contrato de telefonía celular.
En lugar de cobrar el dinero en efectivo, el Instituto aceptó que el gigante asiático pagara la sanción mediante la entrega de equipos y servicios.
Lo anterior, al final, le permitió a Huawei convertirse en proveedor para un nuevo negocio con la empresa pública pero en el área de Internet fijo.
El caso, denunciado el 19 de noviembre del 2019, se tramita bajo los expedientes 19-000294-1218-PE y 19-000295-1218-PE. Ambas causas son contra ignorado, es decir, no se ha individualizado a los imputados.
Un funcionario atenta contra la Hacienda Pública cuando interviene para influir, dirigir o condicionar, en cualquier forma, para producir un resultado lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o al interés público, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422).