Al digitalizar la mayoría de las solicitudes de viabilidad ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) será capaz de pronunciarse en 10 días o menos.
Con ayuda de una plataforma tecnológica integrada a Gobierno Digita, que estará disponible en cuatro meses, Setena pretende aligerar el proceso para así poder concentrarse en los proyectos de mediano y alto impacto.
La medida obedece a que el 85% de las solicitudes recibidas corresponden a proyectos de bajo impacto ambiental, que se tramitan con el Documento de Evaluación Ambiental D2.
Este cambio fue una las recomendaciones de la Comisión Especial para la Modernización de la Setena, presentadas ayer por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La Comisión se creó en mayo mediante el decreto ejecutivo número 37675-Minae con el objetivo de realizar un diagnóstico que permitiera tomar medidas para simplificar trámites y ofrecer un servicio eficiente.
Esto debido a un acumulado de 30.000 expedientes que esperan un pronunciamiento de viabilidad ambiental.
Según María Guzmán, viceministra de Gestión Ambiental y Energía de Minae, el informe arrojó que, efectivamente, Setena incumple con los tiempos reglamentarios dispuestos en la Ley del Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.
Una de las razones es porque los proyectos de bajo impacto ambiental siguen la misma ruta de trámite que los de mediano y bajo impacto, lo que atrasa el procedimiento.
“Al separar los procesos estamos redistribuyendo las cargas”, comentó Guzmán.
Otras de las causas para la lentitud de las gestiones es la presentación de formularios incompletos por parte de los desarrolladores, que luego esperan que la Setena les indique lo que deben hacer.
A eso se suma el exceso de consultas por parte de otras instituciones o ministerios, que podrían tomar las decisiones por sí mismas.
Inspectores. Otro de los hallazgos del diagnóstico es que el registro de consultores y regentes ambientales se convirtió en mero trámite.
Según Guzmán, ni siquiera se revisan los atestados de la persona y existe una deficiencia en la diversidad de profesiones, unas están muy representadas (abogados) y otras menos (geólogos).
Para solventar esta situación, Minae firmó un acuerdo con el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para certificar consultores que sean capaces de realizar labores de monitoreo y control.
Según Maritza Madriz, representante de ECA, ese documento garantiza que el profesional tiene el conocimiento técnico necesario para realizar evaluaciones de impacto ambiental.