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El 9 de diciembre Recope anunció con bombos y platillos una rebaja de ¢74 en la gasolina súper, y de ¢96 en el diésel. Entonces se anunciaba que, de concretarse estos cambios, la gasolina súper pasaría de ¢821 a ¢747 y el de diésel de ¢846 a ¢750 en la primera quincena de enero.
Un mes después, los consumidores siguen sin rebajas y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) culpa de ello a tácticas dilatorias de la misma Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a quien responsabiliza de impedir el trámite en esa reducción.
Así, el proceso que debió haber comenzado un mes, apenas se inició este lunes 9 de enero cuando la Aresep pudo abrir el estudio tarifario de esas rebajas dado que, alega, Recope le envió hasta el 23 de diciembre datos adicionales necesarios para evaluar el ajuste. Esa gestión impidió a la Autoridad someter a consulta pública los nuevos precios.
Tanto el llamado a consulta pública como los nuevos precios deben publicarse en el diario oficial La Gaceta como parte del trámite.
Ese 23 de diciembre, cuando Recope mandó la información adicional, el Gobierno y entidades públicas estaban por iniciar su pausa de fin de año, incluida la Imprenta Nacional, a cargo de La Gaceta.
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Así, la actuación de Recope alargó al menos 16 días la convocatoria a consulta pública, sin la cual no pueden resolverse legalmente las rebajas, explicó este lunes el regulador general, Eric Bogantes Cabezas, quien asumió el cargo el 28 de setiembre, por seis años.
De hecho, datos de la propia Autoridad prueban que Recope aplicó tácticas dilatorias en los espacios de consultas públicas recientes de varios ajustes extraordinarios que luego derivaron en rebajas.
Por metodología, la Aresep tiene 15 días para resolver uno de estos ajustes extraordinarios una vez creado el estudio tarifario correspondiente. De ese período, la consulta pública comprende tres días. Dicho espacio dirigido a los usuarios se abre en caso de surgir objeciones, observaciones u otros insumos para mejor resolver el trámite.
De agosto a diciembre, cuando se han dado cuatro rebajas extraordinarias de precios, Recope participó en cada consulta pública remitiendo información para el trámite el propio día en que vencía la fase.
En una de esas ocasiones, la táctica no funcionó porque envió los datos en forma extemporánea por cuestión de minutos, explicó Bogantes.
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Una práctica
El regulador mencionó que, en otras ocasiones y fuera del plazo de consulta pública, Recope ha pedido incorporar datos al expediente tarifario o envía solicitudes de aclaración que fuerzan a reprocesar datos o revisar la información por si llega a afectar los precios propuestos.
La Nación consultó este lunes a Recope, que por qué siendo regulado incursiona en un espacio creado esencialmente para los usuarios y, en él, envía a última hora información que atrasa el proceso.
La entidad respondió: “Es incorrecto el planteamiento. Los procesos de consulta pública y audiencia pública son espacios creados para que participe todo interesado, cualquiera que tenga un interés legítimo: usuarios, regulados, instituciones, Poder Ejecutivo, diputados, gremios, etc. (ver art. 36 ley de Aresep).
“Recope es una empresa de los costarricenses y para los costarricenses, que nos debemos a ellos. Siendo así, nuestra participación se enfoca en velar por los intereses de toda Costa Rica, particularmente en velar porque las actuaciones de Aresep se enmarquen en el bloque de legalidad”.
Del mismo modo, la institución añadió: “La fijación tarifaria así como el trámite de éstas es responsabilidad única y exclusiva de Aresep. En los ajustes extraordinarios Recope tiene la responsabilidad de entregar informacion. Por nuestra parte, eso lo hacemos de forma transparente y oportuna.
“Recope no atrasa el proceso. Por el contrario, hacemos entrega de información que previene Aresep mucho antes de los plazos que da esa institución. Aresep da 7 días y Recope resuelve en 1 día”, aseveró.
En contraparte, Bogantes citó: “Este comportamiento de Recope nos ha obligado a reprocesar información que la misma empresa entregó 15 días antes. Esto nos pasó el 23 de diciembre cuando Recope remitió información para incorporar en el cálculo. Creo que cuatro veces seguidas no es casualidad”.
Esto, explicó el regulador, atrasa la fijación tarifaria varios días. El próximo viernes 13 de enero, por ejemplo, corresponde solicitar por metodología de cálculo otro ajuste extraordinario sin que los consumidores hayan percibido las rebajas planteadas el 9 de diciembre.
Para los consumidores, estas rebajas pendientes suponen un ahorro de ¢3.330 por la compra de 45 litros de súper y de ¢4.320 si es diésel.
Cambios a la vista
Bogantes insistió en que este comportamiento de Recope tiene un efecto en los consumidores quienes no perciben las rebajas en los plazos dispuestos por ley.
“Nosotros no podemos saltarnos legalmente procesos. Valoramos emitir una resolución de Junta Directiva para separar quién puede participar en la consulta pública. Ese espacio es para escuchar la voz del usuario, no de algún operador que la usa para estos fines. Creemos que debemos hacer esa separación”, adelantó el regulador general.
Siendo optimistas, explicó, si la consulta pública de estas rebajas de ¢74 en la gasolina súper y ¢96 en el diésel se publica este martes 10 en La Gaceta, Aresep podría resolver en ocho días, pero si hay objeciones o Recope aplica la misma receta de los últimos estudios, los usuarios podrían sentir las rebajas a final de mes.
Recope hizo lo mismo con otra rebaja de precios importante. Reducciones en las gasolinas divulgadas el 9 de setiembre entraron a regir con días de atraso, pues la Refinadora remitió de forma incompleta datos para agilizar el ajuste tarifario.
En aquella ocasión, el precio de la regular debía reducirse ¢114 y, en el caso de la súper, ¢103.
Aquella fue la segunda ocasión consecutiva en que Recope incurrió en esta dilación, luego de anunciar rebajas. La Autoridad enfrentó atrasos para tramitar disminuciones planteadas en agosto por vacíos en los datos crudos que Recope le remitió entonces.
Asimismo, fue necesario pedir en tres ocasiones diferentes aclaraciones y también facturas de embarques, como lo señaló el intercambio de oficios verificado por este diario en el estudio tarifario ET-070-2022 del mes pasado.
