La Procuraduría de la Ética Pública recomendó al diputado libertario José Alberto Alfaro abstenerse de legislar en temas relacionados con el porteo o el Servicio Especial Estable de Taxis (SEE Taxi).
Así lo confirmó ayer el procurador de la ética, Gilbert Calderón, quien explicó que la advertencia la hicieron en respuesta a una consulta, sin precisar la fecha de la solicitud.
El legislador libertario está ligado a la empresa Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte) a la cual le fueron adjudicadas 772 placas del SEE Taxi.
Este medio publicó en julio que Alfaro gestionó ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que se reglamentara la ley que regula esta modalidad de transporte público.
Además, en mayo, con poco más de 10 días en la curul, el diputado envió una consulta a la Procuraduría de la Ética sobre la posibilidad de exonerar del pago de impuestos a los vehículos destinados al porteo.
En aquella publicación de La Nación, Alfaro aseguró que no existe ningún conflicto de intereses en sus gestiones a favor del sector ante el MOPT.
Alfaro se negó ayer a dar declaraciones a este medio. Según argumentó, la misma Procuraduría de la Ética le prohibió hablar sobre el asunto.
Si Alfaro no cumple la recomendación de la Procuraduría, se expone a faltar a la ética.
Otto Guevara, jefe de la fracción libertaria, dijo que los diputados no tienen prohibido el ejercicio de actividades económicas.
Declaraciones de Guevara sobre las 772 placas
Guevara aseguró que, en el caso de Alfaro, no conoce ningún proyecto relacionado con el tema del porteo o SEE Taxi en el que esté realizando gestiones.
Sostuvo que, más bien, su partido está opuesto a que pocas personas acaparen las placas de taxis, y agregó que apoyará todo proyecto en aras de liberar la explotación del transporte.
“No veo conflicto de intereses. Creo que sí los hay cuando se quiere beneficiar a una empresa en particular, pero en este caso no los veo, así como tampoco en proyectos relacionados con el tema del porteo”, declaró Guevara.
Pago por placas. La Nación tiene en su poder varios recibos de depósitos de la cuenta bancaria del diputado José Alberto Alfaro Jiménez, de los últimos tres meses, efectuados por choferes a quienes les alquila placas de taxi.
En promedio, cada conductor le paga al legislador ¢21.000 semanales por el derecho a explotar una placa de las 772 en manos de Unaporte. Cada transportista le deposita ¢84.000 mensuales.
El viceministro de Transporte, Sebastián Urbina, lamentó la situación.
Según explicó Urbina, la misma ley de creación del SEE Taxi permite que ocurran estos cobros y prepara una modificación.
“Estamos analizando la legalidad y la posibilidad de presentar una reforma de ley en la cual los permisos no se les renueven a las personas jurídicas y otorgárselas a las personas físicas”, afirmó el funcionario.
El viceministro opina que el permiso no es para que personas pongan a otras a trabajar y las exploten cobrándoles por el uso de un bien del Estado.
