Los usuarios de servicios públicos pagarán ¢1.629 millones más este año repartidos en sus tarifas de luz, agua, transporte o combustible para costearle a la Aresep el pago de indemnizaciones por condenas judiciales.
Esos cobros corresponden al canon que cada empresa de servicios públicos le paga a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por sus tareas de fiscalización y, que a su vez, cada empresa carga a los consumidores.
Este año, el canon de regulación (principal ingreso de la Aresep) asciende a ¢16.983 millones: 10,6% adicional respecto a 2016, cuando ascendió a ¢15.354 millones. El detalle de la recaudación por sector regulado se publicó en el diario oficial La Gaceta, el 18 de octubre.
Las pagos por indemnizaciones devienen de reclamos por errores en cálculos tarifario, los cuales motivaron 685 procesos entre 2007 y 2017.
Según datos de la Aresep, de todos esos procesos, hay 340 aún en la vía contencioso administrativa que podrían provocar un perjuicio económico.
Ante esta contingencia, la Autoridad empezó a alimentar en el 2015 el llamado Fondo de Provisiones para litigios y demandas para encarar esas obligaciones. Esta es una de las explicaciones del crecimiento del canon en años recientes.
La millonaria provisión ya permitió cancelar más de ¢4.313 millones del 2016 y 2017 por indemnizaciones derivadas de juicios.
Para el 2018, se estima el pago de otros ¢2.954 millones al considerar los casos que están en trámite; precisa su Proyecto de Presupuesto 2018.
A agosto del 2017, de los 340 casos en sede contenciosa había 54 con sentencia final condenatoria. De ellos, siete se recurrieron en casación y otra se anuló en esa misma vía recursiva y se espera nueva sentencia.
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Todas estas condenas y procesos pendientes se derivan de la aplicación de las llamadas “herramientas complementarias” con las cuales Aresep estimó los pasajes de autobús antes de la entrada en vigencia de la actual metodología de cálculo aprobada en el 2016.
De los años 2002 a 2012, las “herramientas complementarias” permitían a los técnicos de la Aresep agregar criterios adicionales a los resultados del modelo matemático para estimar los pasajes; explicó el área de prensa de la entidad.
En algunos casos, por ejemplo, quedaba una tarifa inferior a la que daba el modelo matemático cuando dichas herramientas sugerían un recorte al considerar en el ajuste otras variables como inflación, tipo de cambio del colón frente al dólar y otras. Este mecanismo activó las demandas contra la Autoridad.
La Aresep calculó para este 2018 un presupuesto para gastos por ¢21.704 millones de los cuales el canon representa 78%; el resto es superávit (18%) de periodos anteriores y a prestación de servicios y otros ingresos (4%).
Al considerar cómo se gastará ese presupuesto, hay 53,5% destinado a remuneraciones, 30,2% al pago de servicios (incluiría indemnizaciones) y 16,2% para materiales y suministros.
Mejoras pendientes
La expectativa de recaudación para este año ya genera críticas de varios sectores los que, si bien respaldan la existencia de la Autoridad, desearían cambios en su desempeño y competencias.
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), considera que "mucho" del canon se destina al pago de unos 300 salarios del personal de una entidad a la cual le critica una supuesta intromisión para dirigir el rumbo del sector.
"La experiencia con Aresep no ha sido necesariamente la mejor y podría mejorar si se delimitan bien sus funciones, la fiscalización es la que le corresponde pero entrar a definir políticas sectoriales no. Sin embargo, los autobuseros topamos con duplicidad de funciones en ella y el Consejo de Transporte Público", se quejó Bolaños sin detallar con ejemplos.
Carlos Montenegro, subdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica (sector que hace uso intensivo de electricidad) afirmó que la Aresep es clave para prevenir abusos contra los usuarios.
Sin embargo, considera que la regulación de servicios debería eliminar protecciones indebidas a operadores que toman malas decisiones al invertir que luego se trasladan al consumidor en referencia al Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
José Miguel Masís, de la Cámara de Empresarios de Combustible, considera que las estaciones de servicio ya soportan mucha supervisión e incluso la propia Cámara ejerce un grado de supervisión en apoyo al agremiado.
Sin embargo, para el grupo, Aresep es omisa en otro tipo de supervisión como por ejemplo el estado de los camiones cisterna para el trasiego de combustible.