Parques Nacionales: el sinsentido estatal con los turistas

“No vimos demasiado por la nubes, como 20 minutos... fue como una visita guiada para llegar al mirador, seguir el sendero y luego te vas. La naturaleza es maravillosa, eso es seguro, pero la verdad es que salimos demasiado satisfechos”, expresó Leonardo Sachetti, turista italiano quien, el viernes 18 de febrero, visitó con su padre, Stefano, el volcán Poás, en Alajuela.

Esa “maravillosa naturaleza” de las áreas silvestres de Costa Rica resume la imagen verde y conservacionista que se promueve en el mundo y por la cual, como abejas a las flores, millones de turistas vuelan desde todo rincón del planeta para ver la flora y fauna; la mina de abundante riqueza para el país.

Solo al Parque Nacional Volcán Poás el año previo a la pandemia llegaron 147.200 personas entre residentes y no residentes; al Parque Nacional Volcán Irazú, 352.000, y al Parque Nacional Manuel Antonio, 513.000, según estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Sin embargo, esos miles de visitantes se topan con que del millonario ingreso por el pago de entradas, apenas una pequeña fracción se destina al cuidado de los espacios o bien a mejoras que hagan más cómoda su estancia, o bien a condiciones más favorables para el trabajo de los guardaparques.

La evidencia está en la información que el propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entregó a solicitud del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides.

La situación la ratificó a La Nación por el jerarca del Sinac, Rafael Gutiérrez Rojas, quien admite la gravedad de un problema y de muchos años.

Costa Rica posee 47 áreas silvestres protegidas entre parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas. Juntas cubren 12.561 kilómetros cuadrados (24% del territorio nacional), pero la mayor parte está cerrada al público, que solo tiene acceso a 490 km² (3,9% del total).

Esa pequeña porción del paraíso natural costarricense lo visitaron 10,2 millones de personas entre el 2015 y el primer semestre del 2021, los que dejaron ¢41.215 millones por compra de entradas.

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El año pasado, de los ¢63.216 millones del presupuesto del Minae, se usaron ¢30.109 millones en pago de remuneraciones a sus 1.772 funcionarios (47% del gasto). El mayor peso lo tuvo el Sinac con sus 1.152 puestos (65% de plazas del Minae) y cuyo propio presupuesto fue de ¢29.834 millones.

Mientras, el gasto para arreglos de infraestructura fue por ¢1.959 millones de los cuales ¢950 millones se utilizaron en un edificio administrativo en Nicoya (Guanacaste). Al final, a las áreas silvestres se les asignó ¢1.009 millones en mejoras ligadas a la atención del público: 3,3% del presupuesto del Sinac en el 2021.

Eso explica que de las 47 atracciones naturales hay 37 sin restaurante, sodas u otros sitios para comprar alimentos y bebidas. En 39 no existe ni centro de visitantes, ni tienda oficial para venta de recuerdos u otros artículos. Además, apenas cinco tienen planta para tratamiento de aguas residuales, pues todas las demás todavía tienen tanques sépticos.

En 34 de estos espacios, los senderos incumplen la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, por lo que un turista con dificultades para movilizarse tiene negado el disfrute de tales sitios por una infraestructura deficiente.

Para Rafael Gutiérrez Rojas, director del Sistema, está claro que los aportes del presupuesto nacional para insumos e infraestructura son insuficientes. Según dijo, es desigual si se consideran las responsabilidades oficiales de Costa Rica en el tema de conservación y turismo.

“En el tema turístico, obviamente necesitamos mucho más recurso para atender turistas y mejorar nosotros su atención. Nuestros visitantes no nos piden grandes cosas sino senderos y servicios sanitarios en buen estado, gestión eficiente en la compra en línea de entrada... y ahí hay deudas”, admitió.

En su criterio, las áreas a cargo del Sinac deberían recibir una administración turística tan profunda como su preservación ambiental, incluido el cuido de fuentes de agua, labores de investigación y cuido de biodiversidad.

“Las áreas silvestres protegidas han sido una bendición para este país y somos admirados en todo el mundo, pero la administración que hemos hecho no es la más óptima. Hemos olvidado incluir facilidades necesarias para una atención de primer mundo a quienes las visitan en la ínfima parte a la cual les damos acceso”, expresó el diputado Carlos Ricardo Benavides.

Para el legislador, no tiene sentido tener esas secciones sin servicios de primera calidad si justo ahí es donde se generan cuantiosos recursos.

“El cuidado de los parques no está reñido con una atención eficiente y digna. Podríamos atraer a muchos más turistas y generar más riqueza para el Minae y sus comunidades vecinas, pero nos damos el lujo de desperdiciar. Esto debe cambiar. Los administradores de estos lugares llevan décadas haciendo lo imposible por cuidarlos pero el sistema no tiene una organización adecuada”, recalcó.

Sin embargo, en cuanto a personal también hay debilidades. De 1.152 funcionarios del Sinac, solo 479 laboran en parques u otras áreas de conservación (41%) y de esas personas solo 43 tienen alguna especialización en turismo (3,7% de la planilla) aun y cuando encuestas del Instituto Costarricense de Turismo en últimos años revelan que 65% de visitantes extranjeros realizan actividades de ecoturismo en volcanes, observación de flora y fauna, incluida observación de aves con equipo especial y avistamiento de delfines y ballenas.

Cierres obligados

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El Área de Conservación Guanacaste (ACG) es una de las 11 a cargo del Sinac, la cual tiene congojas propias, como relata Alejandro Masís Cuevillas, el director de la zona.

“Tenemos cerrados sitios para recibir personas porque no tenemos personal o condiciones. En el Parque Nacional Santa Rosa, cerramos el área de acampar y solo atendemos visitas diurnas al sitio histórico. En el Parque Nacional Rincón de la Vieja, se abre el sector de Pailas, pero no Santa María”, lamentó.

El ACG está integrado por los Parques Nacionales Santa Rosa, Guanacaste y Rincón de la Vieja; además de la Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal.

De acuerdo con Masís, hace cinco años hicieron un estudio técnico para ver cuánto personal les hacía falta para una operación óptima. En aquel momento requerían 140 plazas. Hoy tienen 95 lo cual les impide atender todas las zonas de acceso público de sus parques, vender entradas, limpiar instalaciones y cumplir su labor de conservación.

“En playa Naranjo no hay servicios sanitarios, solo letrinas, por eso está cerrada al público. ¡Si nos dan cacao, pues hacemos chocolate! pero hay mucho recorte. Vea si esto es patético que en la Asamblea Legislativa nos bajaron 50% este año el presupuesto del contrato para mantenimiento del sistema contra incendios del monumento histórico más importante de este país como es la Casona de Santa Rosa”, se quejó.

El recorte, añadió, afectó la prevención de incendios forestales incluido dinero para realizar rondas cortafuego y mantenimiento de caminos ( retiro de maleza de estos) los cuales sirven como accesos en caso de emergencia.

Conocido y denunciado

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Como dijo Gutiérrez, no son problemas nuevos.

En el 2018, el entonces ministro de Ambiente y Energía (Minae), Carlos Manuel Rodríguez, reconoció que los parques nacionales sufrían su “crisis más seria” debido a años de falta de personal, recursos e infraestructura, a pesar de ser imanes indiscutibles de excursionistas. Desde entonces, nada ha cambiado y la mina de oro tica sigue descuidada.

En ese año, de ¢40.989 millones del presupuesto del Sinac, se asignaron ¢6.464 millones (16%) a nuevas instalaciones, remozamiento de las existentes y senderos.

Pocos meses antes, en setiembre del 2017, una resolución de la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas y activistas contra la Contraloría General de la República (CGR), el Minae y Sinac por la afectación en estas.

¿Cuáles? Tráfico de animales vivos, robo de huevos de tortuga, contaminación de ríos, servicios básicos deteriorados, inseguridad para visitantes y hasta narcotráfico en parques nacionales. Los altos jueces le dieron al Estado costarricense un plazo de cinco años para arreglar la situación.

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Entre quienes plantearon el amparo figuró Mario Boza, considerado el padre de los parques nacionales en el país. Para este investigador e historiador, la carestía material existente es una estafa a los visitantes y así lo declaró en una entrevista a este diario.

“Estamos estafando al turista”, fue su reflexión en el 2018 cuando recordó que un parque nacional como el del Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos cobraba una cuota individual de $15 por persona y $30 por vehículo.

“Pero, mucha atención, ahí el visitante halla todas las instalaciones típicas de un parque nacional desarrollado como carreteras de acceso (sin huecos), centros de visitantes, senderos, refugios, miradores, áreas para acampar, zonas de almuerzos campestres, y otras”, anotó entonces Boza, quien falleció en octubre pasado.