Empleados de la Oficina Local de Alajuela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) alegaron que existe “acoso” de parte de los altos mandos de la institución, así como falta de personal y dinero para atender todas las denuncias que les ingresan.
Las quejas aparecen en una carta circulada a lo interno de la entidad, en respuesta a las críticas que enfrentó esta sede ante la opinión pública, por la muerte de un menor de 5 años en Sabanilla de Alajuela, al parecer, por golpes de sus padres.
El suceso ocurrió un día después de que una funcionaria visitó la comunidad, pero no encontró la casa donde vivía el menor, afirmó la presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega.
“Con el lamentable fallecimiento del niño en Sabanilla hemos tenido que enfrentar situaciones de alta carga emocional, como es el acoso de la prensa, de otras instituciones y el peor acoso, el de nuestra propia institución, que está evidentemente lejos de brindarnos ningún apoyo”, señala la misiva, firmada por 12 personas.
Aseguran que los señalamientos de la presidenta ejecutiva contra los funcionarios provocaron tensiones laborales en la oficina, que no da abasto con las 1.000 denuncias que ha recibido en el 2019.
Además, apuntaron que este miércoles recibieron la orden de atender, en un plazo de diez días hábiles, 310 denuncias de prioridad 1 presentadas en el 2019, semanas después de que la Gerencia les pidió, bajo proceso de intervención, tramitar los casos de mayor prioridad recibidos en el 2018.
“Según datos de Planificación, esta es la oficina de mayor demanda, pero aun así no cuenta con el personal adecuado para atender lo que implica la atención de una denuncia (visitas comunales, entrevistas, seguimiento, inclusión en sistema)”.
“Como es ampliamente conocido, en la Administración anterior se había planeado la apertura de oficinas, con el aval de Mideplán y la oficina de Planificación; sin embargo, dicho proceso se abortó, sin que para los trabajadores se nos dieran a conocer los detalles de dicho retroceso”, aseveran.
Los recursos son tan limitados, afirman, que el teléfono tiene más de dos semanas de no funcionar, el fax no puede transmitir documentos desde hace dos meses, y una impresora tardó más de cuatro meses en ser repuesta.
La carta concluye con ocho solicitudes, entre ellas, que a la oficina se apersonen la gerente técnica, de administración y planificación, además de personeros de grupos sindicales.
Asimismo, piden que se declare la sede en estado de emergencia, que sea nombrado un abogado, un trabajador social y un psicólogo, que se eximan plazos “imposibles de cumplir”, y que se retome la apertura de la Oficina de San Rafael de Alajuela para este año.
Gerente técnica: oficina de Alajuela está en “estado crítico”
Patricia Hernández, gerente técnica del PANI, aseguró que la oficina de Alajuela es una de las que tiene la mayor cantidad de funcionarios. Al mismo tiempo, fue una de las tres sedes que reportaron el mayor arrastre de denuncias en prioridad 1 del año pasado.
“Tenemos un plan de acción, porque esta es una de las oficinas que está en estado crítico a partir de un estudio con diferentes variables que realizamos para establecer un ranquin con mapa de color”, indicó Hernández.
Según proyecciones de Hernández, un plan de contingencia permitirá que en tres semanas sean abordados todos los casos prioritarios pendientes.
Previo al envío de la carta, cuatro funcionarios de su despacho ya estaban atendiendo el asunto en la oficina en Alajuela, dijo la gerente técnica.
