Así lo admitió el jerarca este viernes, un día después de haberle contestado un oficio a la diputada del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, quien le cuestionaba la necesidad de más análisis del tema cuando ya existen cinco informes técnicos sobre sectorización del transporte público.
Este plan, que se encuentra paralizado desde 1999, busca reducir el número de buses que ingresan a San José desde distintos cantones, con el fin de disminuir el congestionamiento vial.
Para financiar esos estudios sobre cantidad de pasajeros en las rutas, Villalta pensaba usar parte de un crédito por $450 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras viales.
El empréstito solo se puede destinar a construcciones y no para el pago de consultorías.
“Yo hablé con usted (La Nación) partiendo de que había una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya me habían dicho que sí con los $50 millones (del préstamo del BID), que eran para los carriles exclusivos.
”Lo que pasa es que yo no había atado cabos, en que una cosa es un programa de infraestructura de transporte, donde los estudios de este tipo no están incluidos dentro del alcance del préstamo”, explicó Villalta.
El argumento del MOPT para ampliar los análisis es que el último, elaborado en 2014 por el consorcio Epypsa–Sigma, es impreciso. Ese trabajo costó $800.000 y fue financiado por el BID.
“Los estudios existentes, por ejemplo, solo hicieron conteos un día y en un solo punto y el Consejo de Transporte Público no valida esa información porque, al menos, tiene que haber una semana de conteos en diferentes puntos”, agregó el funcionario.
La información de demanda (usuarios) es requerida para definir nuevos recorridos, tarifas, sistemas de cobro y ubicación de carriles exclusivos.
Villalta adelantó que existe una posibilidad para conseguir los recursos, pero prefirió no ofrecer los detalles.
Cuestionamientos. En la respuesta enviada a la legisladora Guerrero por Villalta y la viceministra de Transportes, Liza Castillo, reconocieron que no han iniciado los trámites para contratar estudios técnicos adicionales.
Además, informaron que la sectorización tampoco ha sido inscrita como proyecto oficial ante el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), requisito clave para echar andar cualquier plan estatal.
“(...) Reiteramos que lo que ha habido son propuestas técnicas sin el aval del Consejo de Transporte Público (CTP), ni se ha inscrito como proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Mideplan”, se indica en el documento remitido a la diputada este 27 de octubre.
Según Villalta, el registro del plan de sectorización ante el Mideplan lo debía hacer Sebastián Urbina, exviceministro de Transporte, despedido en junio por desacuerdos con los autobuseros.
La Nación intentó conocer la versión de Urbina sobre este tema, pero manifestó que no hablaría al respecto.
Por su parte, la oficina de prensa del Mideplan afirmó que el exviceministro comenzó las gestiones para incluir el proyecto, pero nunca concluyó el trámite.
Para la congresista Guerrero, no hay una respuesta concreta del MOPT a los cuestionamientos planteados por ella.
“Las respuestas no me satisfacen; no hay medidas concretas de cómo se va a dar el proceso de sectorización que el Gobierno prometió en campaña”, dijo la diputada, quien añadió que va a recabar más información.
Las objeciones de Guerrero se suman a las de la cúpula del PAC, que el 11 de octubre le cuestionó al presidente Luis Guillermo Solís el por qué seguir atrasando el ordenamiento de las rutas de bus si es un mecanismo para el descongestionamiento vial.
