Minera amenaza con reclamar al Estado $1.092 millones

Yokebec Soto, vocera de la minera en el país, dijo ayer que Costa Rica incumplió tres artículos del acuerdo bilateral con Canadá para la promoción y protección recíproca de las inversiones.

Los artículos hacen referencia a que los inversionistas reciban trato justo y equitativo “de acuerdo con los principios de Derecho Internacional y la protección y seguridad jurídica plenas”.

También alega que a Industrias Infinito no se le otorgó trato preferencial, como así lo establece el acuerdo, cuando se refiere a inversionistas canadienses.

La compañía perdió desde noviembre del 2010 el derecho a extraer oro de una mina en Crucitas de Cutris, San Carlos, cuando un Tribunal Contencioso-Administrativo anuló la concesión.

Los jueces encontraron irregularidades en los permisos para extraer oro y daño ambiental por la corta de almendros amarillos, una especie vedada.

Según explicó Soto, la empresa le remitió ayer una carta a la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, en la que resume los “incumplimientos en relación con el proyecto Crucitas”.

El documento lo firma John Morgan, presidente de la casa matriz, Infinito Gold.

Soto agregó que en la carta se invitó al Estado costarricense a resolver la disputa en forma “amistosa”, en un plazo de seis meses.

De lo contrario, Infinito llevará la causa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, Estados Unidos.

Ayer, no fue posible consignar la respuesta de la jerarca del Comex, Anabel González, pues se encuentra de viaje en la India.

Empero, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, indicó que la presidenta, Laura Chinchilla, sí se había referido al tema.

“Este es un tema que ha estado sujeto a una discusión legal internamente por varios meses, y que lo que corresponde en esta etapa es continuar con ese procedimiento a nivel de arbitraje internacional, porque así lo está solicitando la compañía”, dijo Chacón, recordando las palabras de la presidenta.

Chacón alegó que sobre este tema ya se ha dado una discusión muy extensa acerca de las implicaciones legales tanto internas como a escala internacional.

“Cuando existe una disputa de este calibre, lo lógico en un país civilizado y sujeto al Estado de derecho es que puedan dirimirse pacíficamente en los tribunales arbitrales”, concluyó el ministro.

En el Ciadi, la firma reclamaría el pago de $92 millones por estudios técnicos e impacto ambiental, 291 perforaciones del suelo, compra de maquinaria e inversión social.

Además, otros $1.000 millones, que según la empresa, es el dinero que se dejó de percibir por no desarrollar la actividad minera.