Pese al llamado del Gobierno a un diálogo nacional, 36 sindicatos de empleados públicos convocaron este lunes a sus afiliados a sumarse a los bloqueos de calles en todo el país.

Entre las organizaciones que se integraron a la protesta contra las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) figuran las del Magisterio Nacional.

También participa el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Sitún) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otros.

Mientras, los trabajadores de la salud que conforman la Unión Médica Nacional (UMN) indicaron que apoyan el movimiento, pero que se mantendrán en los hospitales atendiendo la pandemia de covid-19.

Así se lo hicieron saber al presidente de la República, Carlos Alvarado, mediante una misiva que le enviaron el domingo anterior.

"El cuerpo médico se ha mantenido adónde le corresponde estar en este momento oscuro de la historia: al lado de las víctimas de la pandemia.

“Esto no quiere decir que no estemos del lado de nuestros conciudadanos apoyando el movimiento popular, que le pide que actúe conforme a su envestidura, que utilice el diálogo y la concertación efectivos, inmediatos y sin condicionamientos como mecanismo de solución”, señala la carta.

Alvarado, en cadena de televisión, anunció este domingo que desistía de la propuesta inicial al FMI, censuró la violencia en las manifestaciones y llamó a levantar los bloqueos.

También anunció la convocatoria a un diálogo nacional con múltiples sectores “democráticos”.

“Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos, pero no usando la vía del bloqueo o la violencia. No se debe dañar la actividad económica incipiente”, aseveró Alvarado.

Múltiples sectores han expresado malestar por la propuesta inicial que presentó el Gobierno para obtener un crédito del FMI por $1.750 millones para aliviar las finanzas públicas.

Dicho planteamiento generó fuertes objeciones debido a su marcado acento en la creación de nuevos impuestos y el aumento de otros, y el poco esfuerzo en materia de recorte del gasto.

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Concentración el martes

El movimiento sindical mantiene en pie una concentración de empleados públicos contra las negociaciones con el FMI para este martes.

La intención de los organizadores es agruparse en la avenida segunda de San José y tomar rumbo hacia la Asamblea Legislativa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) fueron los primeros en unirse a los bloqueos impulsados por los exdiputados José Miguel Corrales y Célimo Guido.

Luego del anuncio del mandatario Alvarado, Guido dijo que no levantarían el movimiento.

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Corrales se reúne este lunes con representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) para pedirle a los líderes católicos su mediación en las posibles negociaciones con el gobierno.

Según el exdiputado y excandidato presidencial, no levantan el movimiento porque volverlo a convocar luego sería más complicado. Por lo que se esperarán a que avancen las negociaciones.

Corrales mantiene esa posición pese a que él mismo reconoció, que el grupo podría salirse de control.

“Está creciendo el apoyo al movimiento en forma sumamente sorprendente, al grado que personalmente siento preocupación, porque si el grupo crece tanto tanto que llegamos a perder el control, eso es sumamente grave”, afirmó Corrales.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reporta, al menos, una veintena de policías heridos por la confrontación con los manifestantes, quienes en los últimos días han incendiado camiones y maquinaria, además de dañar patrullas de la Fuerza Pública.

En enero pasado, mandatario firmó una ley para frenar los abusos en las huelgas, la cual había sido aprobada por la mayoría de los diputados .

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Dicho texto declaró ilegales esos movimientos en servicios públicos esenciales. Entre ellos, están los hospitales, las policías, los comedores escolares, el suministro de agua, electricidad, combustible y múltiples, así como una gran cantidad de servicios del Poder Judicial.