Una reforma a la ley de creación del Parque Nacional Manuel Antonio, que sería aprobada este jueves, permitirá al Minae destinar fondos para la atención de familias en necesidad que hoy están más afectadas por la pandemia.

Con la modificación, se trasladarán por única vez ¢6.400 millones para apoyar la gestión del propio parque y el resto para entregar comida a hogares de escasos recursos del Pacífico central.

El dinero provendrá del Fideicomiso de Administración Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, a cargo del Banco Nacional de Costa Rica, el cual continuará activo.

De los fondos liberados al Minae, ¢1.200 millones serán transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para llevar diarios de alimentos, hasta por seis meses, a las familias más afectadas de los cantones de Quepos, Parrita y Garabito.

Otros ¢300 millones se entregarán a la Municipalidad de Quepos para financiar gastos corrientes, de forma que mantenga activos los servicios municipales y atención específica de la población golpeada por la emergencia.

Eso sí, según el plan de ley, para recibir los fondos, el Ayuntamiento deberá demostrar a la Contraloría General de la República su disminución de ingresos a consecuencia de la pandemia de covid-19.

La iniciativa, tramitada bajo expediente 21.549, se aprobó en el Congreso en primer debate el 16 de junio. Este jueves, está previsto el segundo y último debate, confirmó la viceministra de Ambiente, Pamela Castillo.

Recursos para mejoras

La reforma impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) también le otorgaría al Parque un nuevo modelo de gestión autosostenible mediante el cual pueda disponer de fondos para infraestructura, ampliación de servicios y mejora de la visitación turística cuando se reactive esa actividad; así como más dinero destinado a la conservación ambiental.

Así, la reforma también contempla que ¢4.000 millones se utilizarían para la adquisición de bienes y servicios, así como contratación de personal, desarrollo y mantenimiento de infraestructura necesaria para la gestión del Parque.

Destina otros ¢700 millones para arreglos del área de amortiguamiento del Parque, que es el área inmediata a las zonas silvestres protegidas donde, sin la debida planificación, se puede dañar indirectamente la biodiversidad si crece la presión por actividad humana sobre los hábitats de especies de flora y fauna.

Una parte de esos fondos serían para mejorar la seguridad de los visitantes y labores de vigilancia en la propia zona silvestre, ajustes al flujo vehicular de llegada y salida, mejoras viales en la calle de acceso a playa del Rey y otras obras que mitiguen presiones o posibles amenazas al entorno natural.

Creado en 1972, Manuel Antonio es el principal imán turístico de entre los 27 parques nacionales de Costa Rica. El año pasado, recibió 512.000 excursionistas, equivalentes al 26% de los dos millones de visitantes que ingresaron a estas áreas silvestres protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

De cara a la eventual reactivación del turismo en la zona, también se destinarán ¢200 millones a acondicionar un club social localizado en la denominada Zona Americana de Quepos, para la operación de un centro de capacitación del Minae.

Un cambio

Según la viceministra, este parque requería una reforma de fondo. De ahí la propuesta de ley para usar parte del dinero de ingresos por visitas turísticas para la sostenibilidad financiera de esta área protegida, con el fin de invertir en infraestructura y en programas de conservación de la naturaleza.

“Cuando iniciamos esta administración, Manuel Antonio tenía encima dos órdenes sanitarias que evidenciaban cómo, pese a ser un parque tan visitado y la vitrina natural más visible de Costa Rica ante el mundo, no recibía la atención adecuada”, reconoció Castillo.

El Parque ha sufrido serios inconvenientes por el manejo de aguas residuales, al punto que en mayo del 2017 debió instalarse una planta de tratamiento por órdenes del Ministerio de Salud.

Luego, en agosto del 2018, se debió regular el ingreso de visitantes debido a la saturación de un tanque séptico. Solo pudieron entrar 1.300 excursionistas por día durante tres meses.

Actualmente, solo el 1% de las 57.000 hectáreas que componen el parque recibe turismo pero, explicó Castillo, esta reforma podría ampliar y mejorar el ingreso de turistas sin comprometer la naturaleza.

La mano de obra para llevar a cabo esos trabajos se buscaría en Quepos y comunidades aledañas.

Castillo, además, recalcó que el proyecto también asegurará una ejecución eficiente del dinero y desde el fideicomiso, pues será este el que se ocupará de las distintas contrataciones, de forma que se asegure la “trazabilidad, transparencia, auditorías externas y rendición de cuentas”.

“Sería el fideicomiso, no la Municipalidad o el Minae, el que velaría por esto”, destacó.