La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, anunció este viernes el posible cierre de ese establecimiento comercial; sin embargo, los concesionarios lo desmienten y aseguran que la operación no se encuentra en riesgo.
"Tenemos un desfase entre el ingreso y el egreso, la situación es grave. Lo hemos estado viendo en los dos meses de vigencia de la Ley y no podemos seguir financiando la función institucional", afirmó Murillo.
Por su parte, Susan Naranjo, asesora de la Asociación Concesionarios Depósito de Golfito (Acodelgo), sostuvo que rechazan el cierre técnico.
"La operación del Depósito no se va a ver comprometida, 5.000 familias dependen de esto económicamente y no es justo especular", detalló Naranjo.
La representante agregó que aunque solicitaron información sobre el posible cierre, no han recibido ningún oficio ni acuerdo de que eso vaya a suceder, y fue enfática en decir que el establecimiento comercial puede seguir operando sin Judesur.
Murillo indicó que el próximo martes, en una junta extraordinaria, tomarán una decisión y subrayó que el desequilibrio financiero les impide seguir financiando las funciones institucionales.
La Ley. La Ley Orgánica de Judesur establece que, con el objetivo de mejorar la competitividad del Depósito, se rebajará el tributo de un 18% a un 14% en el primer año de vigencia; a un 12% en el segundo, y a un 10% en el tercero, cuando la tasa quedaría fija.
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Sin embargo, a pesar del cobro de este impuesto —creado para financiar las actividades de Judesur—, los precios en el Depósito deben mantenerse por debajo del resto del mercado nacional.
La iniciativa, además, cambia la distribución del dinero que se recauda con el impuesto y sube de 8% a 15% el porcentaje para la operación de Judesur.
El apartado para becas de estudiantiles no varía y queda en un 10%, mientras que hay un aporte del 10% para el mercadeo, equipación y renovación del Depósito.
Por último, el porcentaje para proyectos de desarrollo en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, pasa de un 82% a un 65%.
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El directivo de Judesur alega que los gastos administrativos de la Junta son elevados, pues aunque tienen un 15% de ingresos, requieren un desembolso del 38%, por lo que, para no irrespetar la ley, deben cerrar.
Como parte de las alternativas, Murillo manifestó que si la Sala Constitucional declara con lugar una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 9.356, la situación cambiaría.
