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San José.
Claudio Dittel, exgerente corporativo de Finanzas y Administración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), afirmó la tarde de este jueves que el ICE debería ser intervenido políticamente porque tiene un problema de concentración de poder en la toma de decisiones.
Agregó que la entidad aparentemente se resiste a aplicar normas internacionales de contabilidad, por temor a un impacto en su flujo de caja.
Dittel compareció ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
El exfuncionario aseguró que una "camarilla" tiene al ICE atrapado. Esa camarilla estaría formada por sus dos más altos funcionarios: el Presidente Ejecutivo, Carlos Obregón, y la Directora Jurídica, Julieta Bejarano.
Dittel, quien fue destituido en abril, explicó que el ICE tiene un sistema contable que no aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta situación, aseguró, la autorizó Contabilidad Nacional pese a que desde el 2013 hubo un compromiso del ICE de aplicar las NIIF. El ICE, sin embargo, pidió una prórroga para iniciar en el 2014.
Las NIIF son estándares técnicos contables internacionales. Son un manual de la forma en que se presenta la información contable en el mundo.
En la práctica, sirven de marco regulador para elaborar estados financieros y presentar la información de cualquier entidad económica porque evitan o reducen discrepancias de criterio que pudieran conducir a diferencias sustanciales en los datos que muestran los estados financieros.
En su alocución de casi tres horas, Dittel recordó que la entidad solicitó otra nueva prórroga para empezar en el 2015 con las citadas normas, pero "finalmente se tomó la decisión de no aplicarlas ese año".
"El ICE podría pasarse a las normas NIIF en cinco meses, ya lo puede hacer", señaló Dittel quien, recordó que dos subsidiarias del instituto, la Compañía de Fuerza y Luz y Racsa, ya están adheridas a esos estándares.
La Nación consultó al ICE respecto a las declaraciones de Dittel en el comisión y el tema de la adopción de las normas NIIF pero, hasta este momento, sigue sin responder.
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Cambios.
Si el ICE adoptara la normativa NIIF, entonces se vería obligado a registrar contablemente los arrendamientos operativos de sus proyectos de generación eléctrica como arrendamientos financieros.
En la actualidad, varios proyectos de generación eléctrica del ICE se desarrollaron bajo la figura de fideicomisos. Bajo esta modalidad, todos los gastos operativos de dichos proyectos se pueden trasladar a la tarifa de electricidad pagada por los consumidores.
Sin embargo, una vez calificados de arrendamientos financieros bajo las normas NIIF, solo se podría trasladar a la tarifa la tasa de interés del fideicomiso pero no así, por ejemplo, la amortización de los proyectos de generación.
Dicha situación obligaría a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a rebajar las tarifas de electricidad en todo el país. Esto, empero, podría causarle un problema de liquidez al ICE.
Diputados presentes en la sesión recordaron que tanto Obregón como Bejarano admitieron tener inversiones en varios fideicomisos. Así consta en el Acta #24 del 9 de octubre del 2014 de la Comisión cuando Obregón, bajo juramento, reconoció que es tenedor legítimo de certificados de fideicomisos.
Del mismo modo, en el caso de Bejarano, según el Acta #25 del 16 de octubre del mismo año, ella reconoció que hizo inversión en títulos de los fideicomisos del ICE.
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Reacción parlamentaria
En la sesión participaron los diputados Gonzalo Ramírez del Partido Accesibilidad Sin Exclusión; Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Jorge Rodríguez Araya, del Partido Unidad Social Cristiana; Jorge Arguedas, de Frente Amplio, y Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata Cristiana (presidente de la Comisión). Posteriormente se unieron a la sesión Ottón Solís y Epsy Campbell, ambos del Partido Acción Ciudadana.
"El señor Dittel confirmó lo que hemos venido denunciando en relación con la precaria salud financiera del ICE y que el instituto mediante esta artimaña contable ha encarecido de una forma exagerada el costo de la luz, afectando al consumidor domiciliar y afectando la competitividad del país", afirmó el diputado Guevara.
El diputado Arguedas recordó que lo expresado por Dittel tiene completa relación con las declaraciones de la Contralora General de la República, Marta Acosta, respecto a la imposibilidad de asegurar cómo está la salud financiera de la entidad.
En el 2014, la información que el ICE le entregó a la Contraloría General de la República no permitió concluir un análisis del estado de sus finanzas porque, según Acosta, "algunas premisas fundamentales para este análisis no se cumplen".
Según Dittel, la salud financiera del ICE "es buena", pero hay necesidad de certificarla con normas internacionales.
El diputado Redondo afirmó que el "ICE dejó de ser de los costarricenses. El ICE está secuestrado por un grupo que se oculta y maneja secretismo en temas fundamentales usando como excusa una ley de confidencialidad. Reconozco esto hoy".
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Redondo agregó que los miembros de la Comisión consideran tan grave el tema de las denuncias y la información que han venido recopilando del ICE, que en próximos días discutirán internamente la posibilidad de involucrar a la Fiscalía, la Contraloría General y otras para conseguir alguna claridad en el tema de las finanzas.
Varios diputados apoyaron la idea de convocar a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, para que el Gobierno defina una posición respecto al ICE y las diversas denuncias presentadas.
Mediante un correo electrónico, Alfaro, replicó que "las decisiones sobre la operación del ICE le corresponden exclusivamente a su Junta Directiva".
Agregó que el Poder Ejecutivo no tiene potestad legal para decidir sobre el proceder del Instituto."El Consejo de Gobierno, luego de analizar cada Informe de Rendición de Cuentas del ICE, emite recomendaciones que son confidenciales de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 8.660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, deber que ya se cumplió para los informes presentados por el ICE el año anterior", concluyó.
Dittel también confirmó ante consultas de los legisladores que hay al menos 300 funcionarios en el ICE recibiendo salarios propios de puestos de jefatura aun sin tener esas funciones. El exfuncionario citó dictámenes emitidos por una funcionaria del ICE llamada Gabriela Sánchez, quien era subalterna de Bejarano en una área jurídica, indicando que no había justificación para esos salarios.
La recomendación de Sánchez, recordó Dittel, siempre fue ajustar los salarios de esos empleados conforme a las labores que realizan en la actualidad. Sin embargo, Bejarano no aplicó esos criterios y, según afirmó Dittel, Sánchez fue separada de esa proceso y eventualmente del instituto.
