La Contraloría General de la República (CGR) requirió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) explicar el sustento técnico para retrasar incrementos en las tarifas que costearían el uso intensivo de búnker y diésel para generación térmica, así como las importaciones de energía de Centroamérica desde el 2023.
A agosto pasado, el gasto acumulado en combustibles y rezagos de tarifas desde el 2023 era de al menos ¢147.000 millones, los cuales en algún momento, posiblemente en el 2025, tendrían que cargarse a las facturas de los 1,9 millones de abonados eléctricos del país.
Para lograr la posposición en las alzas, el ICE solicitó a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) modificar la metodología de cálculo tarifario, llamada Costo Variable de Generación (CVG), lo cual le fue aprobado y se dio a conocer en setiembre del año pasado.
Sin embargo, 41 ciudadanos presentaron una denuncia ante la Contraloría el 27 de mayo anterior al considerar que la solicitud del ICE a Aresep tendría motivaciones políticas y habría carecido de fundamento técnico en contravención de varias normas.
La denuncia también fue planteada ante la Aresep, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado) y la Defensoría de los Habitantes.
Desde febrero del 2023, el Instituto comenzó las gestiones ante Aresep para pedir que se escalonara un alza de 27,6% que debía aplicarse en tarifas eléctricas debido al uso intensivo de diésel o búnker y de las importaciones.
En calidad de operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la entidad propuso que en lugar de aplicar la metodología de Costo Variable de Energía cada tres meses, como se venía haciendo, solo se hiciera una vez al año.
Dicha metodología se usa para determinar cuánto se ajustan las tarifas para reconocer al ICE los gastos adicionales al poner a funcionar sus plantas térmicas y las compras en el extranjero.
En setiembre del 2023 se supo que Aresep aceptó hacer el cambio. Eso significó que los abonados eléctricos asumieran ese año solo 50% de los gastos extra del ICE en importaciones y combustibles; la mitad restante se trasladará a las facturas posteriormente.
¿Habrá alza en 2025?
Desde que se dio el cambio en la metodología, los mensajes sobre el alza en tarifas eléctricas han variado por parte del ICE y la Aresep.
Justo el 27 de mayo, el día que se presentó la denuncia de los 41 ciudadanos, la Aresep emitió un comunicado para indicar que “la información real disponible al cierre del mes de abril de 2024 advierte que el 1.° de enero de 2025, la Autoridad Reguladora tendrá que reconocer al sistema de generación del ICE alrededor de ¢193.000 millones, lo que implicaría un aumento del factor Costo Variable Generación (CVG) que se sitúa alrededor del 43% (para este año el factor CVG es del 31,43%)”.
Ese mismo 27 de mayo, el ICE emitió otro comunicado, pero en sentido contrario. Aseguró que el ajuste tarifario por CVG para 2025 sería “menor al vigente en 2024 e incluso podría experimentar una leve reducción” y agregó que el impacto para el consumidor final en la tarifa podría ser nulo.
Un mes después, el 3 de julio pasado, el regulador general Eric Bogantes Cabezas, en una conferencia de prensa junto al presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, y el mandatario Rodrigo Chaves Robles, afirmó que luego de haber hecho análisis conjuntos con el Instituto determinaron que “la situación de las tarifas se va a mantener similar a la condición actual o podría darse una leve disminución en la tarifa actual”.
El presidente ejecutivo del ICE, a su lado, lo secundó: “Quiero también clarificar que no es porque el ICE está tomando decisiones que pongan en riesgo sus finanzas, eso hay que dejarlo muy claro, sino que tenemos una gestión más sofisticada de las finanzas y la técnica para poder servirle al país con el liderazgo del señor presidente. Eso es lo que estamos haciendo y por ende pudimos diluir en conversaciones con Aresep, y ante un cambio metodológico, esos pagos tan grandes en más periodo de tiempo y por eso hemos sostenido las tarifas”.
Pero, el jueves 26 de setiembre, Marco Acuña varió el mensaje ante diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional. Les reconoció que a partir de 2025 las tarifas podrían aumentar debido al gasto intensivo de combustibles e importaciones de energía, pero, apuntó que todo dependerá de lo que decida Aresep.
“Si eventualmente esa metodología (CGV) determina que hay que hacer un incremento de tarifas, la Aresep es la que lo define. La recuperación de los costos está garantizada por la regulación, por lo que me siento tranquilo”, indicó Acuña a consulta de los legisladores.
El regulador Bogantes Cabezas respondió: “Marco Acuña Mora, como presidente del ICE, manifestó en el Congreso, hace unos días, que un eventual aumento de tarifas en 2025 por CVG dependería de la Aresep. Me permito recordar que la Aresep no produce electricidad, solo aplica los métodos para calcular su costo”.
Adelantó que el 8 de noviembre esperan recibir del ICE los datos de producción térmica del año, los cuales son el resultado del manejo que hizo el Instituto de la matriz de generación con fuentes limpias e hidrocarburos para aplicar la metodología de CVG. Lo que se refleje en las tarifas el año próximo, indicó, depende al final del desempeño de la entidad.
También ratificó que la Contraloría realiza el auditoraje sobre el sustento que hubo para aplazar alza en tarifas y, para ello, les pidió información sobre el proceso que llevó a autorizar la propuesta del ICE.
Expresó que la Aresep colaboró con la Contraloría en suministrar datos porque, de todos modos, es información pública. Según dijo, el interés del órgano contralor es verificar la solidez de las justificaciones técnicas del Instituto y sus motivaciones para acudir a la Aresep, siendo operador del Sistema Eléctrico Nacional.
La Contraloría confirmó a La Nación que realiza la auditoría y que pidió al ICE información detallada para justificar ese aplazamiento. Aclaró que no puede ahondar en más detalles por tratarse de un proceso en curso.
El pasado 20 de junio, casi un mes después de la denuncia de los 41 ciudadanos, el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR envió al ICE un oficio –del cual este diario tiene copia– solicitando el detalle técnico que sustentó el pedido de modificar el método CVG, las áreas u oficinas involucradas en el proceso y si la propuesta requería la aprobación del Consejo Directivo de la institución.
Asimismo, pidió confirmar si el ICE solicitó inicialmente que Aresep distribuyera en 24 meses el reconocimiento de los gastos en generación térmica del 2023. En relación con el tema, requirió todas las comunicaciones que se dieron.
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