La Contraloría General de la República (CGR) arremetió contra los excesos en el pago de cesantía de cinco instituciones públicas.
En esas entidades se reconoce este derecho hasta por 25 años o incluso sin límite alguno.
Tales beneficios están incorporados en las convenciones colectivas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Popular, el Consejo Nacional de Producción (CNP), así como las municipalidades de San José y de Turrialba.
Esto les permite a esos trabajadores recibir un pago hasta cinco veces mayor al resto de los empleados del sector público, a quienes solo les reconocen ocho años en el cálculo de la cesantía.
Además, sobrepasan el tope máximo de 20 años fijado por la Sala Constitucional.
Para el 2011, esas instituciones pagaron un total de ¢3.876 millones. El monto mayor lo desembolsó Recope con ¢2.028 millones.
En diciembre pasado, la CGR planteó cinco acciones de inconstitucionalidad contra cada uno de los cinco acuerdos laborales. La Sala IV ya las admitió y está en proceso de análisis.
“Al superar el tope máximo de años por reconocer el título de cesantía establecido en la jurisprudencia de ese Tribunal Constitucional, crea un privilegio odioso, exclusivo y excluyente en favor de un grupo selecto de servidores públicos.
”Lo anterior, sin contar con una base objetiva de respaldo y en detrimento de una serie de normas y principios constitucionales, potenciando una disposición desmedida de fondos públicos”, dice la Contraloría en la acción que cuestiona el artículo 142 de la Convención Colectiva de Recope.
La entidad cita que, por ejemplo, un funcionario de la Refinadora con un salario mensual de ¢1 millón, con 30 años de servicio cuya relación laboral terminó en diciembre de 2011, habría recibido ¢22,4 millones de cesantía.
Mientras, un servidor con las mismas condiciones de salario y años laborados que presta sus servicios en una entidad cubierta por el régimen del Servicio Civil, apenas habría recibido ¢5,7 millones.
La diferencia es mayor si se compara con un empleado del Banco Popular, ente que no tiene tope.
En ese caso, el servidor recibiría ¢26 millones. Es decir, cinco veces el monto que se otorgaría a un funcionario por el Servicio Civil.
Eficiencia. El ente contralor alegó que las gestiones ante la Sala IV procuran un manejo eficiente de los fondos públicos y se elaboraron tras estudios de fiscalización en algunas de esas entidades o a partir de denuncias recibidas.
Jaínse Marín, gerente asociado de Fiscalización de la Contraloría, aclaró que no se trata de una agenda para atacar la progresividad de los derechos laborales ni las convenciones colectivas como instrumento de negociación.
“Se trata de un ejercicio concreto y puntual frente a una acción de fiscalización que realiza la Contraloría”, dijo Marín.
El funcionario recordó que la Sala IV y la Sala Segunda han sido claras en que el tope de cesantía no puede ir más allá de los 20 años.
Rodrigo Aguilar, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, cree que la CGR se excedió en sus funciones.
“No es a la Contraloría a la que le corresponde dictar si hay o no hay justicia en los beneficios que se le proporcionen a la clase trabajadora”, aseveró.
Recordó que el país debe respetar convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical (derecho a organizarse) los cuales tienen rango superior a la ley.
A juicio del ministro de Trabajo, Olman Segura, lo que se necesita es justicia y equidad en los derechos laborales, aún más “siendo todos funcionarios de un mismo patrono que es el Estado costarricense”.
Segura hizo referencia, además, al impacto en las finanzas de las instituciones, dinero que los ciudadanos aportan con impuestos.
Como la mayoría de los trabajadores tienen un tope de ocho años, y la Sala IV autoriza hasta 20 años, el Gobierno intenta consensuar un plazo igual para todos.