La Defensoría de los Habitantes determinó que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) omitió su deber de “proteger especial e integralmente” a Keibril Amira García Amador, la niña de nueve meses desaparecida en Cervantes de Cartago el pasado 9 de abril, y a su madre de 13 años.
De acuerdo con un informe dado a conocer este viernes, después del parto de la adolescente y pese a la advertencia de riesgos realizada por el Hospital Max Peralta, la oficina local del PANI, en Paraíso, autorizó el egreso de ambas menores de edad al hogar materno, donde permanecieron hasta el momento de la desaparición de la pequeña.
“No es sino hasta el acaecimiento de este suceso, que el PANI finalmente se ve forzado a dictar medidas de protección de separación en favor de la persona menor de edad y de sus hermanos, también menores de edad”, señaló la Defensoría.
Además, indicó que en el Ministerio Público también hubo omisiones en las actuaciones emprendidas a partir de la denuncia planteada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en abril de 2022.
“Bastó la declaración de la persona menor de edad, en el sentido de que el presunto progenitor era un adolescente de su misma edad, para remitir el caso a la Jurisdicción Penal Juvenil y, posteriormente, solicitar la desestimación del proceso”, señaló el ente defensor.
El Ministerio Público respondió a La Nación que “en vista de que existe una investigación penal en desarrollo y otra indagación disciplinaria, a efectos de determinar o descartar posibles faltas administrativas, no es posible referirse al tema”.
Por su parte, el PANI aseguró que ha cumplido con lo solicitado por la Defensoría y que el 30 de junio y el 13 de julio pasados informó a ese órgano sobre cada una de las acciones implementadas.
La Defensoría resaltó que tanto el servicio de Trabajo Social del Max Peralta como el MEP actuaron de forma rápida y adecuada, pues identificaron “riesgos relacionados con la permanencia de la persona menor de edad en su hogar y sospechas e indicios razonables y de peso para proceder con la apertura de un proceso especial de protección”.
La bebé Keibril García fue arrebatada a su madre, de 13 años, cuando la paseaba por una calle de Cervantes, Cartago, el pasado 9 de abril.
A raíz de la situación, el ente defensor recomendó al PANI una serie de medidas, entre ellas:
Informar sobre las acciones correctivas por definir para garantizar, en el futuro, respuestas prontas y efectivas dirigidas a brindar una protección integral a las personas menores de edad presuntamente víctimas de delitos sexuales.
De manera particular, emitir una circular interna recordando la prioridad que debe darse para la atención y abordaje de los delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad.
Informar sobre el estado de situación de las medidas de protección dictadas en favor de la joven adolescente y sus hermanos.
Sobre ese último punto, el PANI informó de que las medidas de protección para las tres personas menores de edad están vigentes. Asimismo, dijo que se les ha garantizado la atención integral en coordinación con la Fundación Ser y Crecer, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial.
En cuanto al Ministerio Público, las recomendaciones van encaminadas a que se revise lo actuado en este caso, con la finalidad de identificar las acciones de mejora que adoptará en relación con la persecución del delito de violación y demás delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad para la búsqueda de la verdad real y la reparación a la víctima.
Las autoridades no han logrado dar con el paradero de Keibril. Por el caso, está detenido el padre de la bebé, quien era padrastro de la adolescente.
