AyA asume deuda de $130 millones para controlar fugas

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) asumió una deuda de $130 millones (unos ¢70.500 millones) para sellar gran parte de las fugas en sus tuberías y controlar mejor el recurso que distribuye entre sus abonados.

Al día de hoy, el AyA solo cobra por el 50% del agua que posee bajo administración, debido a esas filtraciones y la falta de monitoreo de los datos.

Con el proyecto Reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética (RANC-EE), la meta es que la pérdida de líquido baje en 17%, explicó Rodolfo Lizano, director jurídico de la entidad.

El plan beneficiará a 1,7 millones de usuarios en la Gran Área Metropolitana (GAM) y en los acueductos de Limón, Guácimo, San Isidro de Pérez Zeledón, El Pasito de Alajuela, San Ramón, Puntarenas, Liberia y Nicoya.

¿Cómo será financiado? El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco alemán KfW aportarán un crédito por $130 millones a cambio de una contraparte de $30 millones que debe poner Acueductos.

La iniciativa está en la última fase de aprobación del financiamiento, por lo que la ejecución arrancaría el próximo año y estaría lista hasta en el 2022.

Por su parte, el AyA ya incluyó los $30 millones en su plan de inversiones, fondos que irá obteniendo por medio de tarifas.

“Todos los gastos institucionales se cubren con tarifas a los usuarios. En este caso, se recurrió a un préstamo para no tener que cargarlas mucho, de un solo golpe”, señaló Sergio Núñez, subgerente del AyA para la GAM.

No obstante, Carlos Herrera, intendente de Aguas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), explicó que los ajustes tarifarios que solicite Acueductos solo serán avalados si la entidad demuestra avances en el cronograma.

De lo contrario, incluso podría exponerse a “castigos”, indicó.

Para Herrera, “ya es hora” de que el rector del servicio de agua potable en el país atienda el que es su problema número uno y por el que todos sus abonados están obligados a pagar.

“Aquí se incurre en un gran costo y no se logra recuperar la venta. Cualquier empresa quebraría si facturara solo el 50%. Sin tanto desperdicio, no habría racionamientos”, dijo Herrera, al considerar que un 33% de agua no contabilizada resulta “una meta bastante aceptable”.

En el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por ejemplo, esta deja de cobrar el 38% del líquido que administra. No existe registro de pérdidas en los 1.548 acueductos rurales (asadas), ni en los 28 municipales.

Otra gran debilidad del Instituto es la facturación. Los cobros excesivos en los recibos de agua motivan el mayor número de reclamos presentados ante la Aresep en los últimos cuatro años.

La principal preocupación de los abonados es que, sin mediar un alza tarifaria, el monto a pagar por servicio de agua o alcantarillado sube repentinamente y sin aparente justificación.

El proyecto. El AyA es responsable de 600.000 conexiones en el país y entre sus retos está mejorar la infraestructura física y operativa en sus sistemas, además de reducir el gasto en energía eléctrica. Según Núñez, RANC-EE le permitiría medir los caudales en sus sistemas, los niveles de los tanques y la presión de las redes, así como bajar la cantidad de fugas que se presentan.

Eso incluye sustituir 616 kilómetros de red menor de distribución (55,4% en la GAM y 44,6% en el resto), para lo que será necesario abrir de calles.

“Cuando debamos romper tramos grandes, coordinaremos con entidades como municipalidades y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo que hará más rápida y ordenada la restitución de la carpeta asfáltica”, dijo Núñez.

También se instalarán 700 medidores y se van a adquirir 350 equipos para leerlos; se sustituirán y colocarán 567.000 micromedidores; se actualizará el catastro de unas 430.000 propiedades (para definir en qué categoría de cobro quedarán) y se comprarán 14.000 equipos para reparación de fugas localizadas.

El Instituto pretende erradicar las conexiones ilegales, sobre todo en zonas marginales, con micro y macromedidores. Estos enlaces son ilegales y deterioran el servicio a los abonados.

El presupuesto incluye la instalación de 175 macromedidores de caudal, además de la sustitución de equipos de bombeo (bombas y motores) por unos más modernos y eficientes, que permitan una baja en costos de operación.

El plan pretende batallar especialmente contra las fugas que no son visibles, es decir, las que no afloran, por ejemplo, porque los terrenos son porosos y el agua se escurre. En esos casos, es necesario usar tecnología especial, como detectores de sonido o inyección de trazadores gaseosos.

Las cuadrillas recorrerán casi 5.000 kilómetros de redes para sondear estos escapes ocultos.

Las fugas visibles, en cambio, son evidentes en la capa asfáltica y surgen al romperse la tubería, ya sea por exceso de presión del agua o, por el paso de maquinaria pesada, entre otros motivos.