Falta de análisis técnico y desconocimiento sobre el cálculo de tarifas son algunas de las críticas que hizo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) al proyecto de ley impulsado por el Gobierno, en su intento de frenar el fuerte aumento en los combustibles pedido por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Estas observaciones están contenidas en el oficio OF-0194-RG-2022 que la Aresep remitió el martes 22 de marzo a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo surgió en respuesta a la petición que hizo la Refinadora el 11 de marzo para incrementar ¢87 en el precio del litro de la gasolina súper, de ¢85 para el de gasolina regular y de ¢121 en el de diésel. Los aumentos, dijo, responden principalmente al efecto en el mercado internacional de hidrocarburos de la invasión rusa a Ucrania.
Por su parte, el Gobierno busca anular esa solicitud de Recope y que, en su lugar, esa empresa proponga un alza más moderada. Además, plantea otorgar créditos fiscales a sectores productivos.
Específicamente, impulsa dar un crédito fiscal por tres meses a sectores productivos, de transporte público y de carga, el cual consiste en un descuento en el impuesto de renta por cada litro de combustible consumido en esas actividades. Ello reduciría el pago del tributo ¢78,15 por cada litro de gasolina regular adquirido, ¢78,15 por litro de gasolina súper y ¢92,40 por litro de diésel. Esto no aplicaría para propietarios de vehículos particulares.
Además, propuso reducir un 25% del margen de comercialización que reciben los expendedores y transportistas de combustibles.
En el documento enviado a los legisladores, la Autoridad descalificó la pretensión del crédito a sectores productivos al considerar que de la lectura de la exposición de motivos del plan no se aprecia que haya un análisis técnico para respaldarlo. Además, dijo, se evidencia la falta de mecanismos de control y supervisión.
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Asimismo cuestionó la intención de modificar el sistema de cálculo de los ajustes extraordinarios de tarifas para que, en adelante, se utilice como referencia el precio efectivamente pagado por Recope cuando compra combustibles en el exterior. Hoy, según la metodología vigente, Recope utiliza precios de referencia internacional cuando solicita su ajuste cada segundo viernes de mes.
En el oficio, Aresep aseguró que enfrentaría problemas de implementación a corto plazo si la iniciativa de ley se aprueba.
“Se trata de materia técnica muy especializada, razón por la cual la Autoridad Reguladora tendría que desarrollar una nueva metodología tarifaria, para introducir este ajuste, que además impacta el cálculo de otras variables críticas para la fijación tarifaria, de manera que se tendría que tramitar un estudio ordinario para recalcular, entre otras variables, el margen de operación (K) de cada producto distribuido por combustibles”, indicó la Autoridad en su mensaje a los diputados.
Según la Aresep, el proyecto de ley nunca previó el impacto regulatorio que implica a nivel metodológico su implementación.
Y abunda al respecto: “la propuesta no señala cuáles serán los periodos de análisis de precios ‘efectivamente pagados’ a utilizar, esto es realmente importante pues si se utilizan las facturas pagadas al momento de la solicitud de precios, significaría que se estarían utilizando facturas pagadas de productos descargados un mes atrás como mínimo, pues Recope posee facilidades de pago de un mes”, advirtió.
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Según la alerta de la Aresep, esto significa que el efecto de precios reales del mercado no se mitigaría, sino que solo se trasladaría a meses siguientes.
Error de concepto
Otro de los señalamientos es que existe un error de concepto en el plan de ley. Según la Aresep, el costo promedio del flete de los hidrocarburos importados está “mal conceptualizado en el proyecto como margen del transportista y tampoco es el margen de ganancia de los transportistas de combustibles”.
Asi, advirtió, reducir 25% del dinero asignado desde las tarifas a ese costo promedio del flete, tal y como se propuso, “tiene un impacto directo en la operación y funcionamiento del transporte de combustibles que comprometería la prestación y continuidad del servicio”.
Lo recomendable a corto plazo, señaló en el oficio, sería valorar la posibilidad de rebajar temporalmente el impuesto único a los combustibles para mitigar el impacto socioeconómico de la tendencia al alza de los precios internos por la subida internacional del costo de los combustibles que importa Costa Rica.
“Esta Autoridad considera conveniente impulsar iniciativas o proyectos de ley que busquen la exoneración total del pago del impuesto único a los combustibles a los servicios públicos de transporte remunerado de personas. Esta alternativa permitiría reducir considerablemente el efecto en las tarifas a pagar por los usuarios, favoreciendo los sectores más afectados por la crisis actual y procurando el bienestar de los costarricenses con menores recursos”, cierra el mensaje.
Esta misma semana, también la Cámara de Empresarios del Combustible alzó la voz contra el plan del Ejecutivo al que calificó de “confiscatorio”. Incluso, advirtió, de que causaría cierre de estaciones de servicio y, por lo tanto, despido de empleados.