La crisis migratoria en la frontera sur sigue generando presión sobre las autoridades, ya que en promedio ingresan 2.500 personas por día que intentan continuar su camino hacia Estados Unidos.
A pesar de que semanas atrás el Gobierno se hizo presente en la frontera de Paso Canoas, en Corredores, en respuesta a las constantes quejas de los vecinos, el alcalde de este cantón, Carlos Viales, sostiene que los recursos son insuficientes e insiste en que ya es hora de que las autoridades gubernamentales “tomen más posesión del asunto”.
Migrantes quedan varados en frontera sur de Costa Rica. Permanecen en condiciones poco higiénicas en un campo ferial de Paso Canas. Foto: Cortesía
El jerarca cantonal explicó que, por ejemplo, si alguien llama al enlace que el Gobierno estableció para abordar la situación y necesita hablar con el encargado de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la respuesta que obtiene es que envíe un mensaje de voz y ellos lo reenviarán a la institución.
“Eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos desarrollar más infraestructura porque, para el volumen de personas, lo que tenemos es nada. Logramos conseguir $15.000 que nos donó la Unicef en materiales, estamos coordinando con Pronae (Programa Nacional de Empleo) para conseguir mano de obra, para ampliar la capacidad operativa (...), pero eso lo estamos haciendo nosotros, trabajando para conseguir recursos”, señaló.
Las cifras revelan que, durante los primeros siete meses del año, entraron al país por la frontera de Paso Canoas, en Corredores, un total de 179.042 personas. Los grupos permanecen durante días, mientras consiguen dinero para pasajes. Foto: Cortesía
Viales insiste en que el traslado de las personas hacia Nicaragua es el principal problema, ya que muchos migrantes no pueden pagar los $30 dólares que cobra la empresa de autobuses Tracopa.
“No pueden ir a trabajar (los migrantes). Aquí estamos en la cosecha de mamón chino. Entonces, en una finca podrían utilizar migrantes para que trabajen y pagarles para que continúen el viaje, pero no tienen permisos para trabajar. Si van a vender a la calle, la gente se disgusta y Migración no se los permite. Entonces, ¿cómo van a generar dinero?”, cuestionó el alcalde.
Por otro lado, alega que Tracopa podría donar una cantidad de boletos a personas sin recursos o exonerar a los menores de 10 años para ayudar a descongestionar la zona.
Además, pide que los autobuses que llegan desde Panamá dividan a los migrantes entre aquellos que pueden avanzar sin problemas hacia la frontera norte y aquellos que no pueden costear el traslado.
Migrantes venezolanos en Costa Rica relatan angustias vividas
No obstante, el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Ávila, explicó a La Nación, el pasado 10 de agosto, que se solicitó a Tracopa “revisar la tarifa que pagan los migrantes, pero indicaron que debido a los altos costos operativos, como el retorno de las unidades vacías a Paso Canoas, entre otros aspectos, es un tema complejo”.
Ávila mencionó que Costa Rica no tiene la capacidad para subvencionar este traslado debido a las restricciones fiscales que enfrenta y que, más bien, hace un llamado a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otros cooperantes para brindar asistencia.
Este medio intentó contactar nuevamente a la empresa Tracopa este sábado a las 8 a.m. mediante una llamada para conocer su posición, pero no hubo respuesta.
Según los datos de Migración y Extranjería, el 60% de los migrantes son venezolanos.
