Una adulta mayor, de 71 años, se salvó de ser desalojada por la Municipalidad de Oreamuno, en Cartago, gracias a una resolución de la Sala Constitucional. Ella lleva 38 años de vivir en un lote público reclamado por el ayuntamiento.
Mediante un recurso de amparo, la mujer expuso que, el 27 de julio anterior, la Municipalidad le dio 60 días naturales para desalojar voluntariamente el terreno ubicado en el distrito de San Rafael.
El 11 de octubre, la Sala IV declaró parcialmente con lugar el recurso para resguardar “la especial condición de la persona adulta mayor amparada”, y dispuso que el gobierno local no puede desalojarla sin antes buscarle una casa donde la señora y su familia puedan vivir.
Mientras el ayuntamiento alega que el terreno es de dominio público, la mujer sostiene que tiene derechos sobre la propiedad luego de tantos años de vivir ahí. Añadióque la notificación se hizo sin ningún procedimiento previo. Ella vive con dos hijos y dos nietos, uno de los cuales es menor de edad.
La Sala pidió al gobierno local coordinar con el Consejo de la Persona Adulto Mayor (Conapam) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en un plazo de tres meses.
Erick Jiménez Valverde, alcalde de la Municipalidad de Oreamuno, informó a los magistrados de que el lote se pretende usar para una delegación policial y construir un edificio municipal. Además, declaró, que existe un contrato de arrendamiento con el centro Agrícola Cantonal para la feria del agricultor.
El alcalde aseguró a la Sala IV que no consta que la señora haya gestionado ayuda del IMAS o Conapam, y defiende el procedimiento seguido en este caso. Según dijo, se cumplió con comunicarle a la recurrente que se requiere el desalojo de vivienda para fines públicos.
“Este Tribunal Constitucional ha potenciado la especial tutela que merecen las personas adultas mayores. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor obliga a las entidades públicas a garantizar a las personas adultas mayores una vida digna en todos sus ámbitos, así como su efectiva protección frente a cualquier riesgo.
“La Municipalidad de Oreamuno pretende desalojar a la amparada, quien es una persona adulta mayor, sin que se le haya garantizado alguna otra opción digna donde vivir y sin tomar en cuenta la situación socioeconómica que alega tener la recurrente. Tales personas quedarían en una grave situación de desamparo si se ejecuta el desalojo puesto que carecen de una red social de apoyo o cuido que los respalde, y no cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar esta situación”, dijeron los magistrados.
