Vecina de Siquirres lleva 10 meses con ‘T’ de cobre vencida en su cuerpo porque hospital no le da cita
Sala IV resolvió amparo en el que obliga al Tony Facio a atender a paciente en no más de tres meses, CCSS dice que a causa de ‘hackeo’ no se sabe qué ocurrió con cita
Hospital Tony Facio. Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN
Una vecina de Siquirres tuvo que acudir a la Sala Constitucional para que ordenara al Hospital Tony Facio, de Limón, a retirarle un dispositivo intrauterino, popularmente conocido como ‘T’ de cobre, que se utiliza como anticonceptivo, el cual, según dijo, lleva casi 11 meses vencido dentro de su cuerpo.
En el recurso, la mujer explicó que desde el 21 de noviembre del año pasado fue referida al servicio de Ginecología centro médico limonense, pues el médico que la atendió en el Ebáis de su comunidad le indicó que no veía los hilos de este dispositivo, por lo que debía ser atendida por un especialista.
Sin embargo, según el recurso planteado, en ese servicio se le informó de que no hay citas disponibles.
La mujer aseguró que siente temor por las consecuencias que podría implicar tener dentro un dispositivo vencido, además del riesgo de quedar embarazada porque este ya no estaría cumpliendo con su función de anticonceptivo.
Según el informe presentado a los magistrados por el jefe de Ginecología y director del HospitalTony Facio, Daver Vidal Romero, el problema se debe al ataque cibernético que sufrieron los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el pasado 31 de mayo.
Desde entonces, alegó el médico, no han podido determinar qué ocurrió con la referencia de la paciente, ya que estas se realizan digitalmente mediante el Expediente Digital Único en Salud (EDUS). Lo mismo ocurre con las listas de espera quirúrgicas. La misma versión fue brindada por la directora del Ebáis que refirió a la asegurada a ese hospital.
Los magistrados declararon con lugar el recurso y ordenaron al director general y jefe de Ginecología del centro médico, girar todas las órdenes pertinentes y realizar las acciones necesarias para que en un plazo máximo de tres meses, la amparada sea valorada en la especialidad correspondiente en ese hospital.
La mujer fue referida al hospital de Limón porque en el Ebáis no le pudieron retirar el dispositivo.
Aumentan recursos por listas de espera
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Tras el fallo, el magistrado Paul Rueda Leal, manifestó que el tema de los recursos relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, con las listas de espera en la Caja se ha tornado recurrente en la Sala y los amparos de este tipo han registrado un aumento exponencial.
Según la información citada por Rueda, solo el año pasado hubo 7.776 gestiones de este tipo, frente a 1.745 registrados en el 2012. De estos, buena cantidad corresponde a listas de espera.
“A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja”, añadió el alto juez.
No obstante, la Caja en el informe rendido con propósito de esa audiencia, hizo referencia a la ausencia de infraestructura, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas y que no cuenta con un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, entre otras razones de las listas de espera que por más de una década no han podido solventar.
“Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala”, citó el magistrado en el fallo recién emitido.
En marzo de este año la Caja anunció la contratación de cerca de 12.000 funcionarios en los próximos 10 años, que iría de la mano de una millonaria inversión en infraestructura.
