Una vecina de Tibás, mamá de una bebé de año y siete meses, ganó un recurso de amparo que obliga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a garantizar el suministro de agua potable a las comunidades en las que se suspenda este servicio.
En su petitoria a los magistrados de la Sala Constitucional, la señora relató que ser mamá de una bebita acrecienta sus necesidades de agua potable. Además, dice, en su comunidad hay adultos mayores afectados por la carencia del líquido y las prolongadas suspensiones porque no se respetan los horarios de racionamiento.
Según narró la tibaseña, los días 4 y 5 de marzo el servicio fue suspendido alrededor del mediodía y retornó después de la una de la mañana del día siguiente. Por eso, solicitó a la Sala IV ordenar al AyA establecer y cumplir con un horario para la suspensión que no perjudique el derecho a la salud.
La recurrente, cuya identidad no trascendió, presentó el amparo en defensa de su derecho al agua, el de su familia y el de su comunidad, afectada en enero por contaminación del líquido con hidrocarburos y luego por suspensiones recurrentes sin respetar el horario de cortes programado.
La resolución de la Sala Constitucional, del 26 de abril anterior, le dio la razón. Se hizo pública este lunes 13 de mayo. Se tramitó bajo el expediente número 24-006230-0007-CO.
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Al declarar con lugar este recurso, la Sala IV ordena al presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza, facilitar a las comunidades afectadas otras opciones de suministro de agua potable cuando la suspensión del servicio sea prolongada.
AyA en el ojo de Sala IV y Defensoría
A inicios de abril, otro vecino de Tibás, de 69 años, ganó un recurso de amparo en el cual los magistrados declararon que el AyA lesionó los derechos al buen funcionamiento de los servicios públicos, a la salud y al acceso al agua potable al no contar con protocolos eficientes para detectar rápidamente la contaminación del agua en los cantones de Tibás, Moravia, Goicoechea y San José.
Este episodio de contaminación con hidrocarburos afectó a más de 107.000 habitantes de esos cantones josefinos.
La Sala IV también señaló que el AyA carece de un sistema efectivo para la prevención de la contaminación en las fuentes de agua. Este motivo agravó la situación en los distritos Anselmo Llorente, Cinco Esquinas, León XIII, Colima y San Juan, en Tibás; así como en Carmen, Merced, Mercedes, San Francisco y Uruca, en San José; Calle Blancos y Guadalupe, en Goicoechea, y San Vicente, en Moravia.
La Defensoría de los Habitantes también se ha manifestado sobre este asunto. La semana pasada reveló que en lo que va del año ha recibido más de 50 denuncias de vecinos de Alajuelita que se quejan por la insuficiente disponibilidad de agua y los problemas para atender las necesidades básicas de higiene y consumo. Los alajueliteños alegan incumplimientos en los horarios de suministro líquido.
La Defensoría también se pronunció en torno a los problemas de abastecimiento en Coronado. Ha recibido al menos 20 denuncias según las cuales el servicio de agua llega dos horas al día.
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El miércoles 8 de mayo, Juan Manuel Quesada presentó un portafolio de proyectos de inversión que pretenden desarrollar en los próximos dos años. Algunos de esos proyectos corresponden a obras que ya estaban siendo ejecutadas y otras no cuentan aún con financiamiento.
No obstante, ese listado excluyó el principal proyecto para solventar la crisis de abastecimiento del área metropolitana, denominado Orosi II, con el cual se dotaría de agua a unas 600.000 personas de 15 cantones de San José, Heredia y Cartago.
La Nación solicitó al AyA una reacción a esta resolución de la Sala IV, que se gestionó en su oficina de prensa.